La cuestión de la industria del juicio en relación con accidentes de trabajo fue llevada anoche al despacho de Néstor Kirchner por los constructores: Carlos Wagner, Aldo Roggio y Gregorio Chodos -los principales dirigentes de la Cámara Argentina de la Construcción- le plantearon al Presidente -en un encuentro pedido por el propio Kirchner y al que asistió también el ministro de Planificación, Julio de Vido- la sanción de una norma que «cuantifique el riesgo que representa para las pymes la apertura de la vía judicial civil para reclamar indemnizaciones». A pesar de que podría parecer una acción concertada con la UIA (ver nota aparte), lo cierto es que las cúpulas de ambas entidades no estaban en conocimiento de que una había recibido un polémico proyecto hecho por Carlos Tomada y la otra concurriría ayer a la Casa Rosada.
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El Presidente, como suele hacer cuando el tema no admite una resolución inmediata y unívoca, «tomó nota» del reclamo empresario y prometió estudiarlo. En sentido inverso, exigió acción en relación con otro reclamo de los constructores: la necesidad de reglamentar el Decreto 1.187 que les permite importar maquinaria vial usada.
Se trata de una vieja aspiración de los empresarios, quienes afirman que las máquinas que traerán no sólo están en perfectas condiciones, sino que, además, agilizarán la puesta en marcha de proyectos que hoy no avanzan justamente por falta de esos elementos.
La reunión (de unos 45 minutos) comenzó en un tono tan amable como el que tenía cuando se cerró: los empresarios le recordaron a Kirchner que el consumo de cemento creció 20% en los últimos cinco meses, lo mismo que el empleo de mano de obra «formal» (en blanco). Cuando ya no quedaba café en los pocillos, Kirchner volvió a plantear la «necesidad» de alentar la fortaleza de la «burguesía nacional» y prometió su concurrencia al Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que se desarrollará en setiembre. S.D.
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