Campaña de acreedores para que aumenten los rechazos

A pocas horas del inicio de la oferta argentina por el default, los bonistas de distintos lugares del mundo salieron ayer a recomendar el rechazo de la propuesta. Desde la Argentina, Italia y los Estados Unidos se multiplicaron las críticas, que buscan frenar la «ola optimista» que habla de una aceptación de 75% a 80%.

En Buenos Aires, Carlos Báez Silva, de la Asociación de Ahorristas Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD) explicó que «si no se consigue un nivel de aceptación de 90% o 95%, ningún país se considera fuera del default por los litigios que puede llegar a tener», aseguró.

Según su opinión, «aunque se llegue a 60% de adherentes, con 40% de litigios es difícil pensar en un país que reciba nuevas inversiones, debido a que existe la posibilidad de embargos». Por lo tanto, concluyó, «es poco viable» el canje si el nivel de aceptación no es demasiado elevado.

El gobierno pretende que crezca rápidamente en las primeras semanas la aceptación de la oferta, a través de la participación de las AFJP (ingresarán el primer día) y luego de bancos y compañías de seguro locales, que asegurarían 30% inicial. Luego, hasta el 4 de febrero (tercera semana de la operación) será el turno de los inversores minoristas, que tienen prioridad hasta u$s 50.000 para acceder a los bonos Par.

El Comité Global de Acreedores (GCAB, según las siglas en inglés) también saldrá con los tapones de punta ante la oferta argentina. El copresidente de la institución, Hans Humes, aseguró ayer a Ambito Financiero que al cierre del proceso podría haber una ola de juicios y volvió a pedir que el gobierno mejore la oferta «porque tiene recursos para hacerlo».

En el GCAB estuvieron discutiendo un comunicado de prensa a través del cual se rechazará la oferta de la Argentina. «Vamos a esperar que el equipo económico presente formalmente la propuesta en el road show antes de dar nuestra opinión definitiva», aseguraron fuentes de la organización, que agrupa a bonistas internacionales por u$s 40.000 millones.

La intención de los grupos locales y extranjeros es procurar que el nivel de aceptación sea lo más bajo posible para obligar a una mejora de la oferta, aunque sea sobre el final del proceso.

La estrategia sería similar a la implementada en el caso de la oferta de la provincia de Mendoza, que aceptó mejorar algunas condiciones cuando era evidente que sería muy bajo el nivel de participación, que finalmente apenas arañó 64%. Incluso, el canje será reabierto en febrero para darles una nueva chance a los que se quedaron afuera y evitar una mayor cantidad de juicios de los que quieren cobrar.