El Senado aprobó ayer el proyecto de ley por el cual se otorga a las provincias la administración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos que existan sobre su territorio y hasta doce millas de la costa a las que tengan litoral marítimo. Fuera de esa distancia, el dominio permanecerá para la Nación.
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El proyecto, que se aprobó por 53 votos a favor y sólo uno en contra, el del socialista Rubén Giustiniani, reglamenta una disposición constitucional que está pendiente desde la reforma de 1994. En el artículo 124, que los gobernadores y el radicalismo negociaron en ese momento con Carlos Menem, se incorporó un párrafo que reza: «Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».
Ese precepto, que abarca el dominio de los recursos petroleros y, por lo tanto, su administración y explotación, nunca fue reglamentado y por eso hasta ahora la potestad la ejerció la Nación, a pesar de que algunos aspectos les fueron reconocidos a las provincias, por ejemplo, cuando Menem les pagó las diferencias existentes por regalías petroleras mal liquidadas.
El radical santacruceño Alfredo Martínez se dedicó a ese punto ayer en el recinto y recordó que desde ahora las provincias dispondrán en forma plena de las regalías que generan las explotaciones.
El peronista salteño Marcelo López Arias apoyó la norma, que ahora deberá tratarse en Diputados, pero planteó una preocupación. La ley considera de jurisdicción federal a los ductos que atraviesan más de una provincia y a los que tienen bocas destinadas a la exportación. En el caso de Salta, existe un gasoducto que de un yacimiento propio va directamente a Chile y sobre el que perdería toda capacidad de decisión.
Neoliberalismo
Giustiniani, el único en votar en contra, protestó al considerar que el proyecto es una «consolidación y la profundización de la política neoliberal de los años 90».
El argumento se basa en que para las empresas petroleras «no es lo mismo discutir con el Estado nacional que ir a discutir al escritorio de cada provincia, que muchas veces se enfrentan con la realidad de las necesidades fiscales».
El radicalismo, en cambio, apoyó la decisión de que de ahora en más los Estados provinciales administren los contratos de concesión, lo que será el efecto práctico más visible de la ley, sobre todo para las empresas petroleras.
