Cesión impositiva del Congreso preocupa

La Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados no pudo aprobar ayer el proyecto que otorga al gobierno la posibilidad de fijar una carga impositiva para financiar obra pública. Pero lo hará igualmente hoy. Hubo, cuanto menos, fuerte preocupación en todos los sectores involucrados por la iniciativa que, tras una veloz aprobación del Congreso, estaría en vigencia en julio. Es que aumentará tarifas, básicamente de luz y gas, para financiar obras de infraestructura en esos sectores. Y la concesión del Congreso deja manos libres al gobierno para seleccionar todo, desde alícuotas hasta sectores por alcanzar con la nueva «categoría impositiva». Hasta el propio secretario de Energía, Daniel Cameron, confesó ayer que habrá subas de tarifas al ser convocado por los diputados. Como ocurrió con el reciente aumento del salario mínimo, el gobierno pasa a las empresas todos los costos posibles, y no hay atisbos de que, con ahorro público, financie las de por sí necesarias obras de infraestructura. Lejos se está así de alentar inversiones genuinas que permitan extender el crecimiento de la economía.

Daniel Cameron

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados aprobaría hoy el proyecto de ley que le permitirá al Ejecutivo acceder a poderes impositivos especiales para financiar obra pública. La iniciativa será tratada en 7 días en el recinto de Diputados y se espera que el gobierno consiga el apoyo suficiente como para obtener la sanción. Una semana después podría ser debatida en el Senado, con lo cual ya en julio el proyecto estaría sancionado y disponible para que el Poder Ejecutivo comience a reglamentarlo.Ayer fue el secretario de Energía, Daniel Cameron, el que defendió el proyecto en el Congreso.

Según la iniciativa, esta nueva carga impositiva es para impulsar la obra pública en los sectores de electricidad y gas para paliar la crisis energética, vía obras de infraestructura. Serían financiados con los fondos fiduciarios que a su vez obtendrían dinero del nuevo impuesto. Como contrapartida se genera una nueva carga tributaria en las empresas y con ello un incremento en las tarifas.

Pero lo más peligroso que traería esta ley, en el caso de ser aprobada, es que plantea una excepción a la Constitución Nacional, ya que el Ejecutivo tiene vedado emitir decretos modificando regímenes impositivos, salvo que el Congreso delegue expresamente esa facultad.

• Situación conflictiva

Esta alternativa no está incluida en el proyecto a aprobarse, con lo cual podría plantearse una situación jurídicamente conflictiva para el gobierno. En teoría, y según lo que dice el texto de la ley, con estos fondos el Ejecutivo debería fomentar la obra pública en las provincias. Pero tanto la aprobación de los proyectos como su administración quedarán en manos del gobierno nacional, y las administraciones regionales no tendrán injerencia. Este proyecto es consecuencia del Decreto 180/ 2004 que firmó Néstor Kirchner y que impuso la creación de fondos fiduciarios para llevar adelante obras públicas a administrar por el ministro de Planificación, Julio De Vido. Lo que faltaban eran los fondos, que ahora tendrá Kirchner a mano.

Otro cuestionamiento al proyecto que en definitiva deberá resolver la Justicia es el poder discrecional que se le da al Ejecutivo para determinarcuáles serán los contribuyentes que tendrán que pagar el impuesto y en qué momento. El gobierno podrá decidir el tipo de empresas, el sector, su ubicación geográfica, tamaño y monto de facturación; lo cual implica un poder discrecional del que no gozaron nunca otros presidentes en la materia.

• Prohibición

Según fallos anteriores de la Justicia, este tipo de impuestos afectaría el principio de universalidad de la política tributaria; ya que, salvo decisiones especiales del Congreso, las excepciones estarían prohibidas. Esto quiere decir que el Ejecutivo no puede determinar excepciones en la aplicación de un impuesto o reducciones de las alícuotas, salvo que éstas estén especialmente aprobadas por el Poder Legislativo.

Es el caso del IVA, donde, por ejemplo, la leche y algunos alimentos primarios no tributan 21% porque fueron exceptuados por una ley del Congreso.

Prácticamente no hay antecedentes en este tipo de políticas, por lo menos en la historia reciente de la Argentina. El último funcionario que intentó una iniciativa semejante fue Domingo Cavallo, cuando siendo ministro de Economía de Fernando de la Rúa pidió al Congreso la posibilidad de mover las alícuotas del IVA y de Ganancias, además de la posibilidad de implementar nuevos tributos.

Todo fue rechazado por el Congreso en ese momento, y Cavallo sólo consiguió la alternativa de mover la franja del IVA entre 18 por ciento y 21 por ciento.