Chrystian Colombo sigue avanzando con el proyecto de reforma impositiva, aunque se confirmó un dato preocupante: el jefe de Gabinete aseguró ayer que llamará a la Unión Industrial Argentina (UIA) y a la CGT a que aporten sus opiniones sobre la iniciativa. También confesó que le ordenó al titular de la AFIP, Héctor Rodríguez, se impulse la creación de un banco de datos único de contribuyentes para la Nación, las provincias y los municipios. Así en cualquier nivel de la administración pública se podrá acceder a los datos impositivos de todas las personas físicas y jurídicas y, de este modo, ejercer más control. Ayer visitaron el Ministerio de Economía los principales representantes impositivos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Capital Federal, y reclamaron lo de siempre: un contenido amplio para la reforma y, además, una reducción en los impuestos.
No se avanzó en el eje central de la discusión entre el gobierno y la CGT, a pesar de la comida que sirvió Armando Cavalieri para homenajear a Chrystian Colombo y -a desgano-a Patricia Bullrich el martes por la noche. Los gremialistas no están dispuestos a retirar de la Justicia los recursos de amparo por la desregulación de las obras sociales. El gobierno tampoco quiere sentarse a discutir el pago de $ 180 millones que se les adeudan a las obras sociales en concepto de pago de prestaciones de alta complejidad. «Si ustedes pisan esa plata porque quieren que salgamos de los tribunales, es porque nos están chantajeando», puso el grito en el cielo Carlos West Ocampo, creyendo que escandalizaría a Colombo. Pero el jefe de Gabinete contestó con un indiferente «puede ser». Después de todo, él también es un «gordo».
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Los jerarcas sindicales reunidos en Comercio (Cavalieri, West, Oscar Lescano) descubrieron cuál es el temor más importante del gobierno: que se desate sobre el Congreso una movilización de quejas el 1 de marzo, cuando Fernando de la Rúa esté dirigiendo su mensaje a la Asamblea Legislativa por la apertura de las sesiones ordinarias. Pero no cedieron en ese punto, es decir, mantuvieron la iniciativa de llamar al paro y movilización para esa fecha.
La apuesta de De la Rúa y Colombo no se explicitó esa noche. Ellos creen que Hugo Moyano no se plegará al paro y que, de esa manera, debilitará a la CGT de Rodolfo Daer al retacearle la huelga del transporte. El gobierno viene trabajando sobre la voluntad de Moyano, en quien los funcionarios descubrieron alguien menos intransigente de lo que muestran sus apariciones públicas: ayer el ministro Héctor Lombardo visitó el sindicato de camioneros y prometió más de $ 2 millones para las obras sociales de ese sector. El paro bien vale una misa, por decirlo de alguna manera.
Si la polémica por las obras sociales resultó dejada de lado en lo de Cavalieri, no sucedió lo mismo con la reforma previsional. «Para mí es imposible de soportar, porque las enfermeras no llegan a trabajar hasta los 65 años, no pueden hacerlo», razonó West, y lo siguió el dueño de casa, quien también representa a un gremio mayoritariamente femenino, el de empleados de comercio. El jefe de Sanidad dramatizó: «Chrystian, ¿vos te imaginás a una mujer de 65 años haciéndonos rotar a nosotros en una cama ortopédica?». Colombo bajó la cabeza, recorrió su contorno abdominal y pensó para sí que la reforma jubilatoria demandará bajar algunos kilos. Para la Bullrich, los argumentos fueron distintos: «Cali -comenzó Lescano, recurriendo a un apodo setentista-, ¿vos pensás seguir haciendo política después de convertirte en la ministra que obligó a las mujeres a trabajar 5 años más?». La funcionaria admitió que «ahí hay un problema, pero ya le encontraremos solución».
Colombo cortó la conversación diciendo que «estos temas ya fueron materia de decreto y no estamos dispuestos a discutirlos permanentemente». Después se enfrascó en la reforma tributaria, la vía de escape a la que apela cada vez que teme acorralamientos. Como adelantó este diario en su edición de ayer, anunció a los «gordos» que tenía pensado invitar a un grupo de empresarios a discutir asuntos impositivos. Después sondeó a sus interlocutores sobre la posibilidad de incorporarlos también a la discusión de esa temática. Cavalieri adelantó que ya han entrado en contacto con 15 hombres de negocios que están al frente de las principales empresas del país y que con ellos se proponen estudiar formas de combate a la evasión. El jefe de Gabinete festejó esa iniciativa y fijó el 2 de febrero como día de reunión para comenzar a debatir el problema del trabajo en negro, formalmente.
Menos dicha tuvieron los sindicalistas con su reclamo para que se establezca un nuevo salario mínimo, vital y móvil. Le rechazaron la sugerencia de plano. Es lógico: ellos aducen que es una suba inocua, que sólo serviría para alinear esa variable ($ 200) con el pago de jubilaciones mínimas ($ 300). Pero los funcionarios advirtieron que esa presión está ligada a la apertura de negociaciones paritarias y a la aspiración sindical de provocar aumentos de sueldos en esas transacciones.
