"Si se puede elegir presidente, debe poder elegirse médico" fue el slogan que Fernando de la Rúa adoptó para la desregulación de las obras sociales. La opción por el médico, es decir la posibilidad del beneficiario de una obra social de cambiar su cobertura derivando su aporte a otra entidad, sindical o privada, de salud, llegará recién a mediados del año próximo, aunque las normas digan que a partir del 1 de enero se liberará a los afiliados. Sucede que en los próximos 20 días se deben elaborar las reglas que regirán todo el proceso de traspasos, por demás complejo. Según cómo se establezcan esas normas, las tres vertientes del gremialismo realizarán un paro contra el gobierno. Los sindicalistas también quieren saber qué les reconocerá el Tesoro de la deuda que reclaman. Con las prepagas privadas no está tampoco todo acordado: exigen garantías especiales para ingresos que recauda la AFIP. Las negociaciones comenzarán hoy, cuando Chrystian Colombo reciba a la CGT.
«Es insólito que podamos elegir presidente y no consigamos elegir el propio médico.» Así formuló Fernando de la Rúa el eslogan que le gustaría imponer para que la desregulación de las obras sociales se vuelva electoralmente atractiva. «Le escuché una frase parecida a (Vicente) Fox, en México, y pensé en adaptarla para nosotros», siguió De la Rúa delante de su gabinete el sábado por la mañana.
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Por un momento, la apertura del sistema de cobertura sanitaria se había vuelto apacible, casi una cuestión de creativos publicitarios (condición que Fernando parece «heredar» de otro De la Rúa, Antonio, su hijo). Pero la realidad se infiltró rápidamente en la reunión del gobierno en Olivos por un llamado a Rodolfo Daer, el secretario general de la CGT dialoguista, a quien Chrystian Colombo y Patricia Bullrich le explicaron las innovaciones que se acababan de aplicar en el decreto.
El cambio principal tiene que ver con el artículo 2° del decreto, que establece una comisión para elaborar la reglamentación que regirá todo el proceso de traspasos de una obra social a otra o a una empresa privada. La versión original de la norma preveía una comisión integrada por la ministra de Trabajo, Bullrich; el superintendente del Sistema de Salud, Rubén Cano, y el titular de la AFIP, Héctor Rodríguez.
Presiones
Los sindicalistas presionaron hasta el viernes por la tarde -se encontraron con Colombo, también con Anselmo Riva, el viceministro de Trabajo-para integrar ese comité. El sábado, desde la reunión de gabinete de Olivos, se le explicó a Daer que los sindicatos, igual que las prepagas y hasta los colegios médicos, serán tenidos en cuenta «en audiencia». Esto quiere decir que no elaborarán las normas pero sí podrán hacer escu-char su voz mientras se vayan escribiendo.
La tarea que debe realizar ese equipo compensará lo que no hicieron ni el Ministerio de Economía (Pablo Gerchunoff) ni el de Salud (Héctor Lombardo) desde mediados de año, cuando se firmó el decreto que desregula el sistema a partir de enero. Se trata de una compleja reglamentación que debe prever todos los casos que se presenten durante el traspaso y, especial-mente, evitar que la experiencia se transforme en un festival de impugnaciones y recursos judiciales. Antes del 22 de diciembre esa especie de digesto (el equivalente de un pliego de licitación) de las prestaciones sanitarias debe completarse para, a partir de allí, comenzar el análisis de la capacidad de las distintas entidades que participarán en la competencia. Todo el trámite de habilitación llevará la posibilidad de optar hasta el mes de mayo o junio. No es lo que quieren los sindicatos -sueñan con un año de gracia-pero es bastante.
La pretensión de los gremialistas viene a cuento porque el gobierno mira con un ojo las exigencias el Fondo Monetario Internacional pero con otro observa también el estado de ánimo de los capitostes de la CGT. Sucede que desde ahora hasta mediados de mes los sindicalistas deberán decidir si se unifican en un paro general o se dan por satisfechos con las concesiones que realice el gobierno. Será una negociación diaria, tramposa y tensa. Por otro lado, el gobierno debe pulsear con las empresas privadas de cobertura sanitaria, que si no hablan de paro general sí amenazan con una especie de elegante boicot: el 1 de enero no se inscribirían para participar del negocio, lo que constituiría también un papelón para el gobierno.
Tres puntos
Colombo convocó a los sindicalistas para hoy a una reunión de la que participarán también la ministra Bullrich y el superintendente Cano. Allí se discutirán básicamente tres aspectos de la desregulación que inquietan a los sindicalistas:
*Cuánto tiempo podrá estar en la obra social de su propia actividad el empleado que por primera vez ingresa al mercado laboral. Los jerarcas de la CGT pretenden que se les dé un año para retener a esos jóvenes, sanos y en general solteros que aportan y no consumen. Pero en el gobierno no quieren extenderse más allá de 6 meses.
*Qué sucederá con el reclamo que vienen haciéndole los gremios al Tesoro por pago de aportes. El Ejecutivo sólo admite que debe $ 28 millones. Es importante para las obras sociales porque el ingreso de estos fondos (reclaman, en el delirio, $ 400 millones) les daría ventaja en la competencia con los privados.
*Qué sucederá en el caso de morosidades futuras en el pago de aportes. Los sindicalistas pretenden algún tipo de garantía estatal para aquellos casos de empresas que deben su contribución.
Pasado mañana, los mismos funcionarios se entrevistarán con los representantes de las empresas privadas de salud. Allí el punto de choque es la pretensión empresaria de que el Estado garantice de alguna manera los aportes que no se efectúan por deficiencias de recaudación de la AFIP. Basta mencionarle este tema para que el «vikingo» Colombo brame: «Es intolerable esa posición porque pretenden que el Estado les garantice el negocio por escrito». Argumentos, presiones, amenazas, habrá de todo en los próximos 15 días en los que se fijarán las reglas de juego de un negocio que mueve más de $ 3.000 millones por año.
