Los empresarios del autotransporte intentarán que los fondos que se les depositarán en el Banco Nación en función del fideicomiso creado por el gobierno para compensar menores tarifas pueda usarse como garantía para solicitar créditos en esa entidad oficial. ¿Cuál será el destino de esos préstamos? La compra de colectivos cero kilómetro. Sucede que en los últimos años salieron de servicio unas 2.000 unidades en todo el país -de las que más de 1.000 corresponden al área metropolitana-sin que los empresarios las hayan reemplazado. Como es norma, la vida útil de los colectivos y ómnibus de larga distancia que caen bajo la jurisdicción de la Secretaría de Transporte tienen diez años de servicio, que pueden prologarse tres años más en caso de atravesar una revisión técnica. Esas líneas son todas las que circulan en dos jurisdicciones, léase todas las líneas que lo hacen en Capital Federal más las que tienen una cabecera en el GBA, o las que sirven rutas entre dos ciudades vecinas pero en provincias diferentes -Cipolletti y Neuquén, por caso-. Por eso, lo que está pasando en los últimos años es que las unidades radiadas del AMBA van a ciudades o localidades del interior, con lo que se acentúan aun más las diferencias entre Capital y provincias.
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El total del parque de transporte de corta distancia en el país, que llegó a ser de 38.000 unidades, hoy apenas araña los 36.000 colectivos, tendencia que no puede recorrer otro camino que acentuarse. El valor de un cero kilómetro puesto en la calle asciende a $ 220.000, y los bancos están prestando ese dinero a 36 meses (antes del fin de la convertibilidad los plazos de repago iban de seis a siete años) y a tasas que -dicen fuentes del sector-hoy resultan en una ecuación financiera que «no cierra» para los colectiveros.
La esperanza del sector, entonces, es que los fondos depositados en el fideicomiso funcionen como un regulador hacia abajo de tasas y plazos, lo que también debería favorecer a las terminales automotrices que hacen colectivos. Es que se trata de una industria casi en extinción: el año pasado se patentó un total de ochenta unidades, sobre un parque de 10.000, de las que salieron de servicio 1.000 por haber superado su vida útil.
Las salidas no parecen muchas, porque además está prohibida la importación de vehículos usados. Esto excluye la «solución peruana»: el entonces presidente Alberto Fujimori permitió en 1994 un masivo ingreso de unidades de segunda mano, en especial donadas por el gobierno de Japón. La única experiencia similar en el país es el caso del municipio de Córdoba, una de las ciudades más castigadas por la desaparición del transporte público. Allí el parque llegó a ser de 900 colectivos, pero en la actualidad no llega a 550.
Seguramente por esa causa, y aprovechando su cercanía política con el gobierno nacional, el intendente cordobés Luis Juez obtuvo la sanción de un decreto de excepción suscripto por Néstor Kirchner, autorizando el ingreso de 30 ómnibus usados donados por el municipio de Turín (Italia).
Las primeras unidades -luego de cuatro meses de peripecias en la Aduana de Buenos Aires-comenzaron a rodar en abril pasado, pero no parecen ser un adelanto sobre la flota radiada por su vetustez: fueron fabricadas por IVECO en Italia en 1982.
La segunda tanda, de otros 20 colectivos, debería estar siendo embarcada en las próximas semanas, y no fueron hechos en 1982 sino de 1978, o sea hace 26 años. Asimismo, se sabe que esas unidades tienen una tecnología desconocida en el país (cajas automáticas, paneles electrónicos, etc.) y que IVECO ya advirtió no estar en condiciones de suministrar repuestos dada justamente la vetustez de las mismas. Es obvio entonces que en poco tiempo más muchas de ellas -previo desguace de las partes usables como repuesto-irán a engrosar los cementerios de autos. Pero esto no será gratis: entre fletes, derechos aduaneros y gastos, se estima que cada colectivo «donado» por los turineses le costará unos $ 25.000 al fisco de la capital cordobesa. Como se ve, la degradación del que sin dudas es el medio de transporte más popular y de mayor distribución geográfica del país no parece que vaya a detenerse.
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