Representantes del comercio advirtieron ayer que la denominada tercera moneda que el gobierno planea implementar en el corto plazo deberá ser aceptada por las empresas de servicios públicos y por la administración central para el pago de impuestos. Al mismo tiempo consideraron clave el grado de aceptación del bono inconvertible para que no se genere un mercado paralelo que tienda a devaluarlo.
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Los titulares de la Cámara de Comercio (CAC), Jorge Di Fiori, y de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME), Osvaldo Cornide, indicaron que «se aguardan mayores precisiones para definir su postura frente al Argentino».
En sintonía, diversos analistas estiman que el grado de aceptación del nuevo bono inconvertible será clave para determinar cuánto menos que un peso valdrá, en el bolsillo de los consumidores.
Cornide dijo ayer que la inyección de papeles «es una forma indirecta de devaluar, porque se va a emitir una gran cantidad de bonos, que no van a ser aceptados por las empresas de servicios públicos, bancos y empresas internacionales, con lo cual van a terminar depreciándose». «Es una devaluación que van a pagar los comerciantes que los reciban uno a uno, además de los trabajadores y jubilados» que cobren parte de sus haberes en esos bonos, opinó.
Además, el empresario vaticinó que los comerciantes «la van a comenzar aceptando uno a uno (con el peso) por la necesidad de venta, pero después eso va a cambiar, cuando no la puedan usar para comprar mercadería, servicios o pagar impuestos». «Al no poder cambiarse (el bono) por un peso ni por un dólar, y al no ser recibido en cuentas corrientes ni para pagar servicios púy los patacones». blicos, se va a crear un mercado secundario que va a hacerlo depreciar semana a semana», concluyó, y agregó que no pasará mucho tiempo hasta que las vidrieras exhiban para cada producto un precio en pesos y otro distinto en bonos. Di Fiori, por su parte, aunque manifestó que «si se produce una emisión controlada y limitada de bonos podrán coexistir con la convertibilidad», dijo que es un requisito fundamental para ello que el Estado los acepte como parte de pago de impuestos, «como hizo con los LECOP «Si el Estado no los acepta entonces eventualmente va a empezar a caer su paridad, y se va a ir produciendo en los hechos una devaluación que castigaría al asalariado, porque el asalariado va a recibir argentinos en la medida en que los empresarios los recibamos», graficó.
En principio, los más firmes candidatos a recibir bonos en cantidad son los empleados públicos estatales, provinciales y municipales, los proveedores del Estado y los beneficiarios del nuevo plan de «un millón de empleos» que lleva adelante el gobierno. «Una emisión de 10 mil millones parece una cifra exagerada -agregó Di Fiori-porque la cantidad tiene que estar relacionada con los déficit presupuestarios previstos, que deben ir disminuyendo año a año hasta llegar al equilibrio total». Ese era, sin embargo, el número previsto ayer por expertos que citaban fuentes gubernamentales. En todo caso, dijo Di Fiori, «es muy posible que salgamos con una campaña de aval al nuevo bono», siempre y cuando su emisión se limite cuidadosamente según las pautas que pide la CAC.
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