Comienzan negociaciones por convenios

El gobierno lanzó ayer formalmente la reglamentación de los artículos más importantes de la controvertida ley de reforma laboral. Tal como adelantó ayer Ambito Financiero, a partir de hoy tendrá vigencia la convocatoria a paritarias para comenzar a renovar los convenios colectivos de trabajo, que tienen 25 años o más de antigüedad, la posibilidad de negociar condiciones de trabajo entre las empresas y sus sindicatos o entre las actividades de una región; y la obligación para las empresas de abrir su información financiera y contable a los sindicatos para que éstos tengan teóricamente datos a la hora de negociar. El anuncio de los cuatro decretos y la explicación de los alcances de cada uno de éstos estuvieron ayer al mediodía a cargo de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, que declaró que la idea de esta ley es «una reactivación total del mercado laboral», frase dicha a pocos días del anuncio del aumento de casi un punto porcentual del índice de desempleo.

Según la ministra, «lo que hace el primer decreto (el menos polémico) es favorecer a los sectores que han sido más excluidos del mercado laboral, como son los hombres mayores de 45 años o las mujeres con carga de familia de cualquier edad, que fueron expulsados del mercado y que van a tener un subsidio y una ayuda concreta de parte del Estado». Con esta norma, habrá un subsidio de $ 200 a las jefas de familia u hombres mayores de 45 años cuando una empresa los sume a su planta laboral.

Sobre el segundo decreto, el más importante y conflictivo, Bullrich destacó que «el Ministerio de Trabajo convoca a las partes a terminar con los llamados convenios ultraactivos de 1975 que, como todo el mundo sabe, no son representativos de la realidad del mercado laboral actual y en general hoy las empresas quieren tener un nivel de negociación acorde».

Con esta reglamentación, empleadores y trabajadores están en condiciones de denunciar los convenios antiguos y desencadenar el proceso de negociación de otros para que los sustituyan. Se sabe que los sindicalistas intentaron por todos los medios que los dos años de plazo que se prevén para la constitución de la paritaria que renueve estas convenciones se contarán desde la formación de la mesa definitiva. En su momento los gremios intentaron retrasar la formación de esta mesa y así extender la vigencia de los convenios actuales. Sin embargo, a partir de la norma que ayer dio a conocer Trabajo, se establece que una vez que este ministerio llame a las partes involucradas a modificar las convenciones, hay indefectiblemente dos años como máximo para que éstas caigan y sean reemplazadas por nuevas reglas.

Sobre el tercer decreto, la posibilidad de que se negocien condiciones laborales entre empresas y sus empleados en diferentes niveles, sectores y regiones, Bullrich explicó que esta medida se toma «porque en todos los países modernos la forma de lograr acuerdos es una discusión de las partes y a partir de ahora en la Argentina las partes van a poder negociar en distintos niveles». Para la ministra, «ahora un sindicato de una provincia va a poder negociar con una empresa las condiciones de trabajo de ese lugar».

De todas formas esta posibilidad deberá ser igualmente refrendada tanto por los sindicatos como por las federaciones empresariales, y finalmente rubricadas por Trabajo.

Punto conflictivo

Si bien aún no hay casos para evaluar la efectividad de la norma, se sospecha que un veto de un sindicato central podría hacer caer cualquier acuerdo a que lleguen las partes. Un punto conflictivo de este decreto es el derecho a impugnación de los representantes que deleguen las empresas para negociar los cambios en las condiciones laborales y el comienzo de la apertura de las discusiones para cambiar las convenciones colectivas. Según la letra fina del decreto, los delegados deben representar a más de 50% de las empresas, medidas a partir del nivel de empleados que estén a su cargo y a más de 50% de los empleadores. Se eliminó del texto definitivo un artículo que además imponía que el delegado de las empresas detentara también 50% de la facturación del sector. Si se hubiera mantenido esta necesidad, el cruzamiento de las tres condiciones habría limitado al mínimo la posibilidad de encontrar representantes de las empresas. De todas formas, las primeras dos condiciones también restringen al mínimo el abanico de potenciales negociadores empresariales. Más si se tiene en cuenta que ninguna de estas limitaciones rige para los delegados que elijan los sindicatos. El principal temor de los empresarios es que en definitiva en la mesa de discusión, tanto de la apertura de las paritarias como del nombramiento de los delegados sectoriales, el poder de los sindicatos sea mucho mayor que el de las cámaras y federaciones patronales.

Al referirse al cuarto artículo de la reglamentación de la ley de reforma laboral, el más peligroso, Bullrich señaló que «a través de éste los trabajadores van a tener la información necesaria en el balance social, como para poder contar con información y saber qué están negociando». Este último punto fue el más discutido por parte de los empresarios ya que, de aplicarse sin mayores aclaraciones, les abriría a los sindicatos gran parte de la información interna de las compa-ñías y sólo la intervención del Ministerio de Trabajo podría limitar esta posibilidad.