Comisión de Valores de Wall Street investiga a Siemens

Fernando de la Rúa

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) enviará a dos funcionarios a Alemania para investigar el escándalo de cajas ilegales y pago de sobornos de la empresa alemana Siemens. Según el diario «Süddeutsche Zeitung», los funcionarios del ente regulador de la Bolsa estadounidense llegarán este mes a la ciudad alemana de Munich para participar junto a la fiscalía de los interrogatorios de los testigos y acusados.

El interrogatorio a actuales y ex directivos y empleados se llevará a cabo en la central de Siemens. Por su parte, la fiscalía en Munich y Siemens no quisieron comentar el reporte del diario.

La Justicia alemana está investigando a unas 300 personas por el escándalo de corrupción, que alcanza un volumen estimado de 1.300 millones de euros (cerca de 2.000 millones de dólares) supuestamente destinados a obtener o acelerar contratos fuera de Alemania.

Entre los países señalados por la Justicia alemana, cuyos gobiernos recibieron sobornos a cambio de contratos de Siemens, figura la Argentina. Ayer se conoció que la Justicia federal recibió la declaración de un ex ejecutivo de ese grupo, la cual reveló detalles de cómo «fluyeron» sobornos a los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Eduardo Duhalde (2002-2003) para asegurarse un multimillonario contrato.

Esta información fue enviada por la Justicia alemana al juez argentino Ariel Lijo, quien la había solicitado vía exhorto para ampliar su investigación sobre el accionar de Siemens en la Argentina.

Estas afirmaciones permitirían la reactivación en la Argentina de un expediente reabierto en 2004 por iniciativa de la Oficina Anticorrupción, que investiga el presunto pago de Siemens de hasta 80 millones de dólares en sobornos y si la compañía fue favorecida indebidamente en la licitación de un contrato para la confección de documentos nacionales de identidad (DNI).

El ex gerente comercial Michael Jörg Kutschenreuter declaró ante la fiscalía en la Oficina de Investigación Criminal del estado federado alemán de Baviera que en la Argentina «Siemens había obtenidola adjudicación para un proyecto (consistente en) la confección de pasaportes de lectura electrónica y de un sistema de control fronterizo».

«Me enteré de que para obtener este proyecto fluyeron pagos al Ministerio del Interior argentino. Ya no puedo precisar si fueron directamente al ministro del Interior o únicamente a colaboradores del ministerio», afirmó Kutschenreuter según la agencia «Noticias Argentinas».

El ex ejecutivo indicó, además, que « posteriormente, en el año 2000 o 2001, sobrevino un cambio de mando en la Argentina, con un nuevo presidente y un nuevo ministro, quienes bloquearon el proyecto por completo. En ese entonces se dijo en Siemens que serían necesarios nuevos pagos para poder continuar este proyecto».

Fernando de la Rúa (1999-2001) rescindió el contrato con Siemens, por lo cual la empresa alemana entabló una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ( CIADI), que finalmente ganó. La Argentina aspira a revertir esta condena si se confirman los sobornos de Siemens.

Pérdida

Según estimó la Oficina Anticorrupción, el Estado argentino iba a perder unos mil millones de dólares si se llevaba adelante el contrato con Siemens.

A la investigación que lleva adelante la Justicia alemana se suma una demanda de la compañía de telefonía griega OTE, que reclama por vía judicial a su socio Siemens una indemnización también por corrupción y pago de sobornos. La firma griega exige de Siemens detalles del informe interno acerca del caso.

De acuerdo con el «Süddeutsche Zeitung», Siemens habría sobornado durante años a directivos y e intermediarios de esa empresa griega para lograr un importante contrato para la red de telefonía de ese país.

En 1997 se firmó un acuerdo entre ambas empresas, por un valor de unos mil millones de euros, para lo que Siemens pagó unos 75 millones de euros en sobornos.

La Justicia alemana condenó esta semana a un ex directivo de Siemens a dos años de libertad condicional y al pago de una multa de 108.000 euros por 49 casos de desfalco, en el primer proceso penal por los casos de corrupción en la empresa.

El escándalo de corrupción ha costado a Siemens hasta ahora unos 1.900 millones de euros para el pago de impuestos, abogados, costas de juicios y multas.

El consorcio presentará una demanda por daños contra los once miembros del antiguo comité ejecutivo de la compañía por su responsabilidad en los casos de corrupción.

La demanda está dirigidacontra los antiguos presidentes de Siemens Heinrich von Pierer y Klaus Kleinfeld y otros nueve altos ejecutivos para que paguen por el daño financiero que ocasionaron a la empresa con el pago de sobornos y otras prácticas corruptivas.

Tanto Pierer como Kleinfeld abandonaron sus cargos en abril del pasado año tras conocerse los casos de corrupción en Siemens, pero han negado tener conocimiento de ellos hasta ahora.

Se trata de la primera vez en la historia empresarial de Alemania que el consejo de vigilancia de una compañía demanda y exige indemnizaciones a la cúpula directiva anterior por su actuación.

A comienzos de junio, Pierer admitió por primera vez su responsabilidad política por los casos de corrupción en la compañía durante su mandato. Pierer fue consejero delegado de Siemens entre 1992 y 2005, y posteriormente presidió el gremio de supervisión y fue sustituido por Kleinfeld.