Las compensaciones a los bancos por el pago de amparos y la eliminación del ajuste por el CER en una porción de la cartera crediticia ya ascienden a $ 10.000 millones, pero la cifra seguirá aumentando en los próximos meses.
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Este es el resultado del informe preliminar que efectuaron en forma conjunta técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central, ante la solicitud explícita efectuada por la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.
A través de un proyecto de ley, el gobierno propuso entregarles a los bancos bonos en pesos a diez años (BODEN 2013) como mecanismo de compensación por quebrantos registrados en sus balances. El FMI también había exigido la medida en el miniacuerdo firmado con la Argentina en enero.
De acuerdo al estudio efectuado, sólo durante 2002 por la devolución de depósitos a tipo de cambio libre, debido a medidas cautelares, a las entidades les correspondería una compensación de $ 5.000 millones. Y por lo que va de 2003 otros $ 1.500 millones a $ 2.000 millones.
Corresponde a la diferencia entre el tipo de cambio libre al momento de la devolución de los fondos y el depósito pesificado a $ 1,40 más CER.
Por otra parte, los cálculos respecto de la compensación correspondiente por la eliminación del CER en la cartera crediticia y su reemplazo por el CVS (Coeficiente de Variación Salarial), arroja una cifra cercana a los $ 3.000 millones sólo por la diferencia que se produjo hasta 2002. La estimación fue efectuada en base a la metodología que establece el proyecto de ley que envió Economía al Congreso e incluye un «factor de corrección» favorable en 5 por ciento a las entidades a la hora del cálculo de la cartera incobrable. Justamente, los préstamos que no están en condiciones de ser recuperados no se toman en cuenta para el análisis.
Como base de cálculo se consideró la cartera crediticia que no sufrió el ajuste por CER: hipotecarios hasta $ 250.000 en origen (en caso de involucrar a la vivienda única), prendarios hasta $ 30.000 y personales hasta $ 12.000.
Claro que en ambos casos se trata de cuestiones dinámicas, ya que de ahora en adelante el gobierno deberá continuar compensando a las entidades por ambas cuestiones (amparos y eliminación del CER en carteras).
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