Congreso salvaría anarquía judicial

Los depósitos que Duhalde pesificó por decreto podrían ser finalmente redolarizados como solución a la anarquía judicial que reina después del fallo pesificador de la Corte Suprema. Diputados del peronismo -que negaron siempre esa posibilidad- creen ahora que la única solución al entuerto jurídico es devolver los fondos en moneda de origen. Se perdieron más de 2 años para que se entendiera. Para hacerlo presentaron un proyecto que dispone emitir una serie de BODEN 2013 (en dólares) para cancelar la diferencia.

José María Díaz Bancalari

El bloque peronista de Diputados presentó ayer un proyecto de ley para la devolución en dólares de los depósitos que quedaron atrapados en el «corralito» a su valor original. El proyecto, firmado por el duhaldista bonaerense Juan Carlos Correa, establece un nuevo esquema de devolución de los depósitos atrapados en el «corralito» mediante la entrega de un bono en dólares con vencimiento en 2013 para cancelar la diferencia entre lo retirado por cualquier vía o depositado en cuentas a raíz de la pesificación y el total del depósito efectuado al valor del dólar en el mercado libre del día que entre en vigencia la norma. De ponerse en marcha, generaría un problema serio para la oferta para salir del default, ya que se obliga al gobierno a emitir nuevos bonos, restando capacidad de pago a futuro.

• Tiempo

El proyecto no sólo recibió el apoyo del bloque PJ sino que, además, fue difundido por la conducción de la bancada que lidera José María Díaz Bancalari. No llamó la atención, por otra parte, que los diputados avanzaran con una norma de este tipo después del fallo pesificador de la Corte y en especial el voto y la posterior aclaración de Eugenio Zaffaroni. El magistrado explicó después de ese fallo que no seguiría el mismo criterio de pesificación para los depósitos menores a u$s 70.000. Y en privado reconoció que el pronunciamiento de la Corte Suprema estaba destinado a «dar algo de tiempo» al gobierno para que encontrara una solución « legislativa» al conflicto por la pesificación de los depósitos.

En los fundamentos del proyecto se explica que: «Se torna necesario crear una ley que dé certeza a los ahorristas sobre su propiedad, respetando la integridad del depósito aunque difiriendo la entrega de 30% aproximadamente del total al 2013 y mediante un bono.Y seguridad a los inversoresexternos para un canjede deuda adecuado».

El esquema no beneficia a los que optaron por BODEN 2012 en el canje de 2002 ni a los que retiraron la totalidad del dinero en pesos.

El sistema ideado por los diputados establece que los ahorristas con depósitos constituidos originalmenteen moneda extranjeraen entidades financieras que fueron convertidos a pesos (por decreto 214/92) y reprogramados quedarán cancelados por la entrega de:

a) El monto ajustado por CER hasta la fecha de acreditación del depósito, más los intereses correspondientes, en cuentas a la vista de inmediata disponibilidad, cuya acreditación quedará a cargo de las entidades financieras.

b) La entrega de «bonos del gobierno nacional en dólares 2013» por la diferencia entre el valor nominal original del Depósito Reprogramado o Certificado de Depósito Reprogramado ajustado por CER a la fecha de publicación de la presente ley y la cotización del dólar en el mercado libre en la misma fecha. A esa diferencia se le aplicará la cotización del dólar libre del mismo día y ese monto final determinará la cantidad de bonos a entregar al ahorrista. En el caso de los Fondos Comunes de Inversión, la opción deberá ser ejercida por el cuotapartista, aunque el mecanismo de compensación será fijado por la Comisión de Valores.

• Diferencias

El proyecto también contempla las diferencias que surgen en los estados contables de los bancos. Así, «por la diferencia resultante de aplicar $ 1,40 más CER a su valor actual y la moneda de origen o su equivalente, pagados en concepto de medidas cautelares» se fija un plazo de seis meses de negociación entre estos y el Estado por las diferencias asumidas.

Los diputados reconocen que existen casos que ya fueron solucionados por la Justicia pero argumentan que «quizá los más son aquellos que han cobrado parte o la totalidad de los fondos en dólares, pero que aún no tienen una sentencia firme y el cambio en la jurisprudencia (San Luis) de la Corte, mediante el fallo Bustos c/PEN lejos está de traer una solución definitiva».

«Los amparistas -dicen-no devolverán los fondos obtenidos mediante medidas cautelares, sencillamente porque no los tienen, habiéndolos invertido o gastado incluso en honorarios judiciales, la jurisprudencia lejos está de ser unánime y la Corte no puede ser sometida al dictado de un nuevo pronunciamiento sin elementos de hecho o derecho que le permitan unificar el criterio», justificando la necesidad de avanzar con una ley.