La definición del ministro Carlos Tomada respectode la necesidad de que los trabajadores participen del «control de riesgos» volvió a encender la pelea entre el funcionario y los empresarios. Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y miembro de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), dijo a este diario que «la preocupación por la prevención es común a toda la sociedad, pero cuando se trata de prevención en el lugar de trabajo, la responsabilidad es del empresario, tanto jurídica como económica frente a cualquier reclamo. En sentido inverso, los sindicatos -en caso de un siniestro- no podrán ser demandados ni considerados corresponsables».
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Podría decirse que los empresarios ven la pretensión sindical (ahora apoyada por el gobierno) de conformar comités mixtos de control de riesgos poco menos que una «sovietización». El temor de una verdadera cogestión empresaria con los delegados sindicales les quita el sueño desde que el tema fue bosquejado en el primer anteproyecto esbozado en la cartera laboral.
Junto con la «doble vía» (la posibilidad de cobrar la indemnización de la ART y después hacer juicio por más dinero), la mencionada «cogestión» es el tema más ríspido que viene retrasando el envío del proyecto al Congreso. «En todo caso, la participación sindical en el control de riesgos deberá darse en el marco de la negociación colectiva, que no tiene por qué limitarse a lo salarial. No puede, en cambio, ser impuesta desde la norma», agrega Funes de Rioja.
En la mesa de negociaciones con Tomada, los representantes de las entidades empresarias piden al menos que esta «cogestión», como la califican, tenga límites (sobre todo pisos) de acuerdo con el número de trabajadores de determinada empresa, y que esas «comisiones mixtas de patrones y trabajadores» también tengan un espectro acotado de temas a tratar. «Puede darse que el sindicato decida que determinada materia prima implica un riesgo para sus afiliados, y le exija a la empresa que deje de usarla, aun cuando esa afirmación no tenga base científica. Pasó, por caso, en una fábrica de Santa Fe con un líquido para lavar motores que se determinó era cancerígeno. Pero lo era sólo si se entraba en contacto con él, cosa que no pasaba en la planta.
Resultado: todo el personal hizo juicio y la empresa quedó al borde de la desaparición», dijo una alta fuente del sector automotor que pidió reserva de identidad.
De aprobarse en el Congreso la conformación de esas «comisiones mixtas» será un enorme éxito para el sector sindical: no sólo tendrán control de las materias primas con las que se trabaja (con todo lo que ello implica) sino también podrán extender el beneficio de la estabilidad sindical a los delegados que se designen por planta para integrarlas.
