El jueves pasado se publicó una nota en este diario con el argumento de que la estrategia de demora que llevó adelante el ministro Roberto Lavagna en la negociación de la deuda en default con tenedores de bonos le costarían al país 23.000 millones de dólares extra. Es el monto equivalente a los intereses no pagados desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 30 de junio de 2004. La actitud dilatoria la inició siendo ministro del presidente designado Eduardo Duhalde y cuando suponía que otro titular del área económica con otro presidente asumiría, en definitiva, el espinoso problema. Pero, mediante anulación de internas del PJ y maniobras, Duhalde impuso su sucesor como primer mandatario electo y como ministro de Economía continuó siendo el mismo Lavagna. Igual siguió demorando el acuerdo con bonistas y nadie hasta ahora afirma que demorar haya sido una táctica exitosa para el país. Al contrario, desesperó a ahorristas externos que en número sin antecedentes mundiales en este tipo de default, malvendieron sus tenencias a los llamados «fondos buitre» se calcula en más de 20%. Y a éstos -es muy grave para la Argentina- no les interesa ningún arreglo con quita de deuda. Son especuladores que alentó Lavagna y que tienen espaldas y resto para esperar el juicio y tratar de obtener el valor total nominal de los bonos, inclusive con el costo judicial del pleito pagado por la Argentina por moroso. Un lector envió una interesante carta al diario, publicada el viernes último, sosteniendo que esos intereses, al capitalizarse, serían objeto de una quita. El periodista de este diario, autor de la nota original, dice que eso es parcialmente cierto: tendrán la quita que supone la distribución en el tiempo de cualquier compromiso. Pero, como sostenía en su nota original, no una quita nominal, como la que tuvo el capital adeudado. En otras palabras: de la deuda de capital de aproximadamente 88.000 millones de dólares, Lavagna sólo reestructurará 60.000. Se cumple así con la premisa original del gobierno: hacer una quita de 75%. En cambio de los intereses caídos que reconoce en esta segunda oferta, reestructurará el total: 23.000 millones de dólares. Hay una tercera posición: es la que indica que en realidad Roberto Lavagna no está pagando un dólar de intereses atrasados. Está justificada esta posición en los detalles de los anuncios efectuados por el Ministerio de Economía. No hay un nuevo bono por intereses atrasados y de hecho, quien al momento de la cesación de pagos tenía 100 dólares a cobrar del país, recibirá ahora un bono Par por u$s 100. Si Lavagna reconociera intereses, el acreedor debería recibir un bono Par por u$s 115, por ejemplo. Pero no es así. En este último caso, salva Lavagna su posición política como negociador moroso (y costoso). Pero complica la del Presidente: los 23.000 millones de dólares que se agregaron a lo que se va a reestructurar no hay que tomarlos como intereses caídos y sí como una mejora de la oferta, entonces habrá caído la bandera del gobierno por la cual se haría una quita de 75% a la deuda originaria.Veamos la segunda posición o sea mejor detallada la primera nota que llevó a la réplica del lector Andrés de Galarreta.
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Sin embargo, la desventaja de negociar tan tarde parece ser un vicio oculto de la actual discusión entre el Estado y los acreedores. No tanto porque no haya sido denunciada. Como se consignó en anterior artículo, tanto Alfonso Prat-Gay como Néstor Kirchner señalaron que hubiera sido mejor abrir la transacción cuando «estábamos de rodillas». Sin embargo, la semana pasada Elisa Carrió y Rubén Lo Vuolo aportaron un argumento central para esas críticas: si el acuerdo obtiene una aceptabilidad superior a 70%, los intereses que Lavagna reconocerá por el período que va del 31 de diciembre de 2001 al 30 de junio de 2004, en que decidió no sentarse a la mesa suman casi 22.900 millones de dólares. Es decir, aproximadamente 9.000 millones de dólares por año. Si la aceptabilidad no supera 70 por ciento, esos intereses serán de 18.200 millones de dólares.
El reconocimiento de esas tasas originarias, cuando ya se está en cesación de pagos y cuando la economía mejoró notoriamente, tiene solamente una función: hacer más atractiva una reestructuración que, si fuera por los términos iniciales sostenidos por Néstor Kirchner (75% de quita en una deuda total de u$s 81.200 millones) sería, ab initio, inviable.
Estas evidencias parecen incomprendidas por el gran público y también por buena parte de la oposición al gobierno. Fue mérito de Carrió y de Lo Vuolo haberlas planteado la semana pasada en un artículo que firmaron en coautoría. Algunos profesionales de ciencias económicas -como el lector contador Andrés de Galarreta, que se dirigió a este diario el jueves pasado- no ubican el problema central. Es decir, que los 23.000 millones de dólares son el resultado de un taxi que Lavagna dejó correr durante dos años y medio. Reducir la extensión de esa demora hubiera sido achicar sensiblemente el monto de esos intereses. Esta evidencia debería ser algo obvio.
La posición de Carrió y Lo Vuolo es malinterpretada de manera extendida. El lector hace hincapié en que el monto total que el Estado terminará pagando no es de 23.000 millones de dólares ya que esos intereses reconocidos ahora serán capitalizados. Sin embargo, no es eso lo que está en discusión para los dirigentes del ARI. Lo que sí debería explicar Lavagna y entender el lector De Galarreta, es por qué se decidió negociar tan tarde si la demora le agregaría al capital de la deuda esos 23.000 millones de dólares.
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