Convocan a audiencia para debatir subas en el transporte de energía

Roberto Lavagna

El gobierno convocó a audiencia pública el 18 de marzo para debatir las cartas de entendimiento firmadas entre la unidad de renegociación de contratos (Uniren) y las empresas Transener y Transba que prestan el servicio de transmisión eléctrica en alta tensión y el de transporte de energía por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires, respectivamente. Se confirma así que avanza muy lentamente el proceso de revisión de los contratos de las privatizadas; además, por el momento sólo se cierran acuerdos transitorios.

Las actas que irán ahora a debate público incluyen un aumento de 31% en la remuneración del transporte en la tarifa de energía eléctrica en el caso de Transener, y de 25% en la de Transba. Estos incrementos tendrán una incidencia de 3% promedio en las tarifas de los usuarios no residenciales de todo el país y de alrededor de 4% para los de la provincia de Buenos Aires.

En ambos casos, las subas regirán a partir del 1 de abril. Con la publicación de los acuerdos y la convocatoria a audiencia pública en la edición de ayer del Boletín Oficial, el gobierno dio otro paso en el conflictivo trámite de renegociar los contratos con las privatizadas.

• Distribuidoras

En el sector eléctrico, las otras empresas de trasmisión, como Distrocuyo y Trasnoa, también estarían a punto de firmar acuerdos transitorios en términos similares a los de Transba. Pero en cuanto a las distribuidoras que dependen del Estado nacional, sólo Edelap, que opera en el área de La Plata y alrededores, aceptó la propuesta oficial.

En ese caso, la audiencia pública ya se realizó en enero, y la Uniren (que presiden los ministros De Vido y Lavagna), ya terminó el informe sobre el debate. El 10 del mes próximo, la misma dependencia deberá elevar el acta de entendimiento definitivo, introduciendo o no cambios propuestos en la audiencia y negociados con las compañía. Luego, ese documento deberá pasar a la Comisión Bicameral de Poderes Delegados del Congreso que tiene 60 días para aprobar o rechazar la propuesta.

Recién después de pasar por el Parlamento, el acuerdo será revisado por los organismos de control del Ejecutivo y finalmente se dictará el decreto poniendo en vigencia el acuerdo, que en el caso de Edelap implica una suba de tarifas de 15% promedio para todos los usuarios no residenciales.

Considerando los pasos que faltan, la puesta en marcha de ese acuerdo parcial demorará todavía un mínimo de 90 días, y no queda claro si el ajuste se aplicará con retroactividad al 1 de febrero, como se afirma en el acta de entendimiento.

Con Transener y Transba hay que estimar entre cuatro y cinco meses para la aplicación del aumento de tarifas, previéndose que las inversiones comprometidas -que serán de $ 32 millones en el caso de la primera durante este año-no se iniciarán hasta que esté el decreto.

Las otras dos distribuidoras eléctricas de jurisdicción nacional, Edenor y Edesur, son más reacias por el momento a firmar entendimientos con la Uniren, y constituye un obstáculo importante el planteo del gobierno de que las privatizadas deben suspender los litigios contra el Estado nacional, iniciados en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, cuando se firma el acuerdo transitorio, y retirar definitivamente la demanda en el momento en que la revisión integral del contrato se envía a audiencia pública.

• Propuesta

En el caso de Edesur, la negociación está sujeta actualmente a lo pactado entre el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y las empresas de capital español radicadas en la Argentina. Según lo acordado, Zapatero enviará al gobierno argentino una propuesta de las empresas para levantar los juicios en el CIADI.

De todos modos, aunque esa instancia todavía está desarrollándose, desde la Uniren se insiste en que si no hay acuerdo, se otorgará por decreto a Edenor y Edesur la misma suba que a Edelap, pero los fondos recaudados deberán destinarse a un fondo que administrará el Estado para obras.