Córdoba: 50 empresas pueden aplicar ajuste por inflación

Un juez federal de primera instancia de Córdoba habilitó a más de medio centenar de empresas a que presenten ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (DGI-AFIP) sus declaraciones juradas teniendo en cuenta el llamado «ajuste por inflación».

La resolución fue adoptada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, que hizo lugar a una acción declarativa de certeza presentada por la Unión Industrial de Córdoba (UIC).

La entidad reclamó a la Justicia que las empresas asociadas pudieran calcular sus tributos teniendo en cuenta el ajuste por inflación.

La medida del magistrado no sólo beneficia a las más de 50 empresas miembros de la UIC sino que también tiene alcance a todas aquellas que están asociadas a las 23 cámaras que componen la Unión Industrial cordobesa.

Según los fundamentos del juez Busto Fierro, la crisis económico-financiera por la que atraviesa el país «obviamente conduce a la imprecisión de establecer con parámetros apropiados los efectos de la devaluación».

Por esa razón consideró «inadecuado» determinar el Impuesto a las Ganancias sobre la base de períodos fiscales que han sido afectados en la emergencia con los criterios establecidos por el organismo de recaudación, por lo que autorizó a la UIC, incluido a todos sus asociados, a presentar su declaración jurada y efectuar el pago del Impuesto a las Ganancias de acuerdo al último ejercicio fiscal (período 2002), «aplicando provisionalmente el ajuste indicado en la demanda».

• Apelación

De esta forma, le ordenó a la AFIP que «se abstenga» de realizar cualquier tipo de reclamo que «tienda a pretender las diferencias» que pudiesen surgir del cálculo estimado por ese organismo y la aplicación del ajuste por inflación cautelarmente dispuesto. Según se supo ayer, el organismo que dirige Alberto Abad apelará hoy la decisión judicial; con lo cual la causa pasará a segunda instancia.

Sin embargo, y dado los tiempos procesales y fiscales, es muy posible que las empresas logren presentar sus declaraciones con el Ajuste por Inflación, ya que el plazo para presentarlo vence el próximo 30 de abril; y los empresarios cerraron balances el 31 de diciembre pasado.

De las firmas que fueron beneficiadas por el fallo y que en teoría podrían presentar balances con Ajuste por Inflación, se destacan entre otras Arcor, Aceitera General Deheza, Volkswagen, Mainero, Agrometal, Perkins, Petroquímica Río Tercero, Georgalos, Agrometal, Juan Minetti, Libertad (Hipermercados) y Metalfor. Pero también beneficia a las medianas y pequeñas empresas nucleadas en la Unión Industrial.

La resolución en favor de la UIC sigue la senda abierta por el juez sustituto de Paraná, Ramón Ferreira, que dictó la primera sentencia de fondo ante el planteo de una empresa de la provincia de Entre Ríos.

Hasta ahora el ajuste por inflación fue avalado por la Justicia al hacer lugar a numerosas medidas cautelares. Por ahora todos son de primera instancia.

Hace pocas semanas casi 700 productores agropecuarios del sur bonaerense y de la Patagonia lograron una respuesta favorable a su reclamo de ajustar sus balances impositivos.

Los planteos habían sido presentados contra la AFIP -como representante competente para este caso del Estado nacional- por la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Bahía Blanca.

El ajuste impositivo por inflación es un tema que generó una amplia controversia entre el gobierno nacional, los tributaristas y los responsables de empresas de sectores como el agrícola. Estos últimos se ven perjudicados al tener que tributar ganancias por resultados que, según argumentan, no obtuvieron como ingresos genuinos sino que se computaron como efecto lógico de la revalorización que, en términos de pesos, tuvieron el año pasado determinados activos, como el caso de los bienes relacionados con la agricultura y la ganadería debido a la devaluación.

En lugar de permitir el ajuste por inflación, Economía propuso una rebaja de la tasa del tributo sobre las ganancias de 35% a 30% y una modificación del esquema de amortizaciones de los activos de las empresas. Ninguna de las dos medidas fue finalmente resuelta, con lo que es tema para formar parte de la «herencia» del próximo gobierno.