Correo: caballo de Troya en las privatizaciones

Con la sanción de los decretos 1074/03 y 1075/ 03 el gobierno del presidente Kirchner ha concretado la primera apuesta fuerte para controvertir el régimen de privatizaciones y concesiones de empresas de servicios públicos que tuvieron lugar durante la pasada década bajo la presidencia de Carlos Menem.

Esta primera señal del gobierno nacional, que confirma y ratifica lo que se venía anunciando desde el comienzo de la gestión, constituye un verdadero caballo de Troya a través del cual se ingresa en el ámbito propio de las empresas privatizadas con las que el gobierno mantiene un enfrentamiento en materia de tarifas, servicios y régimen de funcionamiento, con el propósito de provocar una redefinición del sistema.

• Motivos

Los motivos invocados para la rescisión de la concesión al Correo no se vinculan con la situación de crisis económica de esa empresa, ni con el hecho de que la sociedad concesionaria se encuentre atravesando un crítico proceso de concurso preventivo de acreedores; tampoco se funda -y no podría hacerlo-en la enorme deuda por cánones correspondientes al período anterior a la presentación en concurso del Correo que tienen carácter preconcursal y que ascienden a más de varios cientos de millones de pesos.

Las razones esgrimidas están directamente relacionadas con i) el incumplimiento del pago de cánones posconcursales (posteriores a la presentación en concurso preventivo), ii) incumplimientos en el régimen de tarifas por servicios postales, iii) la presunta pérdida de activos y iv) el fracaso de los procedimientos de negociación que tuvieron lugar entre las partes. La decisión de resolver el contrato fue simultánea con el rechazo por parte del gobierno de diversos reclamos que el Correo Argentino había promovido en el área administrativa, imputando incumplimientos al mismo Estado nacional. Desde el punto de vista del Correo, la pérdida de la concesión importa prácticamente frustrarle la posibilidad de poder arribar a un acuerdo satisfactorio con sus acreedores en el proceso judicial de concurso preventivo que se encuentra enfrentando la entidad y respecto de cuya prórroga de plazos (para no quebrar) se encuentra pendiente una resolución de la Sala B de la Cámara Comercial. Hoy el escenario ha cambiado y la esperanza del Correo se desvanece porque, al cesar la concesión, la empresa no tendrá ya futuros flujos de fondos derivados de la actividad ni ingresos para poder afrontar el pago de la propuesta de pago hecha a los acreedores. Al mismo tiempo se presume que no existirán interesados en participar en el sistema de «cramdown» para el salvataje de la empresa, ya que no habrá «actividad» ni «empresa en marcha» que pueda ser rescatada.

• Reclamo

El único activo sustancial que se genera para el Correo, como consecuencia de esta rescisión, es el que se derivaría del reclamo judicial que puede intentar contra el Estado nacional por considerar que la rescisión de la concesión no tiene sustento legal; reclamo que, por otra parte, ya ha sido anunciado por sus titulares y que ascendería a $ 1.200 millones como mínimo.

En lo que al ámbito del Estado nacional se refiere la reestatización del servicio postal vuelve a colocar sobre los hombros del Estado: i) la prestación del servicio postal; ii) la responsabilidad de suministrar los fondos para la operatividad de la empresa reestatizada; iii) la asunción de las pérdidas que puede generar la explotación del servicio, y iv) la asunción de todos los pasivos y contingencias laborales correspondientes a la totalidad del personal que pasará a depender, según el decreto 1.075/2003, del Estado nacional; ello además de lo que pudiera derivarse del reclamo que promoverá el «ex concesionario» por la resolución de la concesión.

Cuando años atrás el Correo era un monopolio absoluto, una gestión estatal, por ineficiente que fuera, no generaba tantos riesgos, en la medida que el mismo mono-polio conservaba y protegía los ingresos del negocio por ausencia de competidores. Hoy, cuando existen otras alternativas de servicio postal, el manejo de una empresa como el Correo es muy sensible a los errores de administración (sobre todo si se lleva adelante con criterio de Administración Pública) por parte de quien no tenga experiencia en ese campo, y puede impactar negativamente en el proceso de reprivatización que se produzca en el futuro -si es que se produce-, o aún frustrar el mismo.

Es de esperar que este primer paso del gobierno nacional en el campo de las empresas privatizadas haya sido meditado en sus consecuencias, y que no resulte un bumerán que termine «salvando» a los ex titulares de la concesión que igual hubieran quebrado y perdido la concesión sólo un poco tiempo después.