Cuando se declaró la emergencia económica y crediticia en enero de 2002, entre muchas de las modificaciones legislativas que se produjeron tuvo especial relevancia la modificación de la ley de quiebras 24.522, introduciendo una serie de nuevas regulaciones que crearon una suerte de paraíso del deudor.
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Este no sólo pasó a estar protegido del ataque de sus acreedores por la suspensión de ejecuciones, remates y medidas cautelares sino que se le habilitó un proceso de concurso preventivo en el cual podía recurrir a la Justicia, con el objeto de postergar en más de 450 días hábiles una eventual declaración en quiebra contando, durante ese largo lapso, con una red de protección que lo habilitaba a negociar con sus acreedores una salida concertada de la crisis sin que sus bienes pudieran ser atacados.
Las normas de la Ley 25.561 fueron en este sentido absolutamente nefastas, y generaron un proceso destructivo del crédito. Es el día de hoy en que todavía no se tiene solución alguna para el tema de los remates y las ejecuciones, suspendidas todavía por razones de «buena voluntad».
La presión de los organismos multilaterales de crédito, organizaciones internacionales, y del mercado en general, llevaron a que pocos meses después el gobierno de Eduardo Duhalde admitiera lo negativo de aquellas normas y sancionara la Ley 25.589 -rectificativa-dejando sin efecto muchas de aquellas disposiciones. Entre las normas modificadas se encuentra una específica que redujo el plazo del período de negociación entre el deudor en concurso preventivo y sus acreedores, estableciendo que dicho período será sólo de 90 días hábiles a los que podrá agregarse un período suplementario no superior a 30 días (en lugar de los 180 + 180 del régimen de emergencia); y otra que prohíbe al juez extender -por ninguna razón-el período de exclusividad o conceder prórrogas (art. 20, Ley 25.589), que es lo que el Correo solicitaba. • Intención
Si bien las reformas generales introducidas no fueron en su momento felices, este punto específico de reducción de plazos fue más que razonable, y la prohibición legal intentó que los procesos en algún momento tuvieran una definición y no siguieran postergándose indefinidamente afectando aún más el crédito y los derechos de los acreedores, ya suficientemente golpeados por la emergencia y la pesificación asimétrica.
El Correo Argentino tuvo oportunidad de negociar con sus acreedores, sin interferencia de ningún tercero por más de un año y no sólo contó con el período de exclusividad propio que le daba la ley de quiebras, también fue beneficiario de las prórrogas otorgadas por la emergencia. Por otra parte, si no pudo arribar a un acuerdo con sus acreedores hasta ahora, la finalización de este plazo concursal operado en el día de ayer -a diferencia de lo que han sostenido algunos comentaristas-tampoco lo hacía quebrar en forma inmediata sino que se abriría un proceso de salvataje, donde los actuales accionistas y administradores conservarían por un período de entre 80 y 90 días hábiles adicionales la administración de la compa-ñía, manteniendo la posibilidad no sólo de seguir negociando con sus acreedores sobre la base de la propuesta de pago anterior sino de efectuar también una nueva propuesta de pago. Recordemos que la propuesta actual estaba cerca de representar una quita de entre 60% y 70% con un plazo de 25 años para el pago con 15 años de gracia, y una tasa de interés de 1% anual (la actual en el mercado es de 15%).
Desde ya que, de abrirse el proceso de «salvataje», las empresas interesadas en competir con los actuales accionistas deberán ser aquellas susceptibles de ser aprobadas por el Estado en caso de que puedan triunfar en la puja entre los interesados pues se trata, el Correo, de una concesión en la cual el Estado debe aprobar al socio. Con la sentencia de la Cámara Comercial que abre una queja para evaluar si el juez denegó correctamente el recurso interpuesto por el Correo contra la prórroga denegada según lo establece la ley, el proceso entrará en una nueva dilación, y seguirá transcurriendo el tiempo para desembocar muchos meses después, quizás en la misma situación en que nos encontramos hoy. Mientras tanto, todo queda en suspenso, el tiempo pasa, y el crédito muere. ¿Seguiremos con el mito de la empresa inmortal?
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