Con la aprobación del FMI, Costa Rica vende dos bancos estatales para reducir la deuda pública

El FMI reactivó a finales de marzo un programa crediticio acordado un año antes con Costa Rica, que está comprometida a realizar ajustes para reducir el déficit de sus finanzas públicas.

El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Foto: AP

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, planea presentar un proyecto de ley para vender los estatales Banco de Costa Rica y Banco Internacional de Costa Rica, así como el 49% de la aseguradora INS, con el objetivo de reducir la deuda pública.

De aprobarse, se espera que la venta de los bancos recaude unos u$s1.800 millones, equivalentes a un 2,8% del Producto Interno Bruto de la nación, mientras que la participación en la aseguradora rondaría los u$s890 millones, dijo el mandatario.

"Pronto presentaremos al Congreso un proyecto de ley en ese sentido. Están listos y los estoy revisando", afirmó Chaves en un discurso el martes con motivo de los primeros 100 días de su gestión.

En tanto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó que aprobó una línea de crédito de u$s290 millones para el país que sería utilizada para la consolidación fiscal y "en la aplicación de reformas que ayuden con la descarbonización de la economía".

Qué sucede en Costa Rica con la deuda pública

El Banco de Costa Rica (BCR) y el BICSA (Banco Internacional de Costa Rica) son bancos de capitales estatales. Este último tiene presencia en Estados Unidos, México, Panamá y algunas naciones de Centroamérica.

Chaves, un economista conservador y exfuncionario del Banco Mundial, asumió la presidencia de Costa Rica en mayo con el desafío de contener el déficit fiscal del país, cuya deuda pública equivale al 70% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Tras ganar las elecciones, Chaves consideró "indispensable" un acuerdo que su país había firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s1.778 millones y anunció que esperaba mejorarlo, ofreciendo planes de crecimiento económico más eficientes y "medidas de política pública más ambiciosas".

El FMI reactivó a finales de marzo un programa crediticio acordado un año antes con Costa Rica, que está comprometida a realizar ajustes para reducir el déficit de sus finanzas públicas. Costa Rica cerró 2021 con un déficit fiscal de más del 5% del PIB, inferior al 8,03% registrado en 2020.

Uno de los requisitos para el desembolso del FMI fue la aprobación de una ley de empleo público, que reajusta jubilaciones y equipara salarios, con el fin de recortar el gasto.

"Implementaremos medidas para contener el crecimiento del gasto público mediante la reducción y optimización de los alquileres del Estado, la Ley Marco de Empleo Público y la reestructuración del Estado", dijo Chaves este martes.

"En gestión de deuda, esta administración buscará la colocación de Eurobonos para mejorar las condiciones de la colocación de deuda para este país", comentó.

El compromiso de Costa Rica para recibir los 1.778 millones de dólares del FMI es eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50% del PIB en 2035.

Para ello, Costa Rica propuso una serie de iniciativas como la reforma al empleo público, que fue aprobada por el Congreso costarricense y que establece un salario global para el sector público, además de impedir negociar ciertos aspectos salariales en convenciones colectivas.

Esa reforma laboral, pieza clave del acuerdo con el FMI, había sido rechazada por los sindicatos que consideran que los trabajadores estatales han sido golpeados en los últimos años por la reforma fiscal de 2018 y las políticas de austeridad del actual gobierno de Carlos Alvarado.

El Gobierno sostiene que el acuerdo con el FMI le permitirá acceder a fondos en mejores condiciones y además elevará la credibilidad del país ante otros organismos financieros internacionales para conseguir créditos a mejores tasas y plazos.