Las medidas que lanzará el gobierno implicarán un costo para el fisco de $ 1.000 millones anuales. Pero esto sólo por lo que se deja de recaudar del Impuesto a las Ganancias al subir el mínimo no imponible (de $ 1.835 a $ 3.500 para empleados de la cuarta categoría) y el aumento en las asignaciones familiares. A esto habría que sumarle el costo adicional del eventual incremento de las jubilaciones mínimas que se hará si la inflación sigue en bajos niveles (tendrían vigencia desde julio).
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En realidad, hay otros factores que se suman indirectamente, considerando el impacto de estas medidas en los empleados del sector público y en las provincias que deberán verse beneficiados por lo arriba mencionado y que también representará una erogación adicional para el Tesoro.
En el Ministerio de Economía recuerdan las consecuencias del plan Feliz Navidad: la inflación creció 4,5% en los primeros cuatro meses del año. Si bien no se pueden traspolar las cifras, estas medidas seguramente aportarán más presión a la inflación para fin de año. La medida de mayor impacto en precios seguramente vendría de los incrementos de los haberes mínimos a dos millones de jubilados. El aumento del gasto público para pagar las jubilaciones sería de $ 550 millones por año. Desde el gobierno se excusan señalando que una parte del dinero volvería a las arcas públicas por la recaudación que generaría el mayor consumo a través del IVA.
El costo por lo menos es sustancialmente menor que los $ 2.750 millones del plan Feliz Navidad, cuando se hizo un pago adicional de $ 200 a jubilados, de $ 75 a los beneficiarios de planes Jefas y Jefes de Hogar, y la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias en diciembre.
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