De la Rúa avaló a Pou y desairó a Alfonsín y Alvarez

No fue una salida espontánea, irreflexiva. Fernando de la Rúa meditó largamente durante una comida, el miércoles, con sus ministros Chrystian Colombo, Adalberto Rodríguez Giavarini y José Luis Machinea, el tono de su reacción ante el desafío de Raúl Alfonsín y Carlos Chacho Alvarez. Ayer se pronunció. Dijo que Pedro Pou debe seguir al frente del Banco Central porque no hay motivos para reemplazarlo. También aclaró que no tiene coincidencias ideológicas con el economista pero que deben respetarse las instituciones. Sobre la pretensión de Alfonsín y Alvarez de que la Argentina se abstenga en el voto sobre los derechos humanos en Cuba, advirtió que es una cuestión que le compete sólo a él como presidente de la Nación. Eso sí, lamentó no haber escuchado pronunciamientos contundentes "en defensa de nuestra querida patria agredida". Respecto del Banco Central y Pou, De la Rúa fue más extenso. Dijo que apoyaba todas las investigaciones que fueran serias y que esperaba acusaciones con hechos "concretos, consistentes, objetivos y comprobables". Habló así el día en que la diputada Elisa Carrió recorrió las radios diciendo que "Pou es un delincuente y quiero verlo preso". El Presidente no mencionó a la legisladora pero la desafió: "Se creó una expectativa y ahora estamos esperando los datos. Espero que no nos defrauden". Por la tarde de ayer concurrieron al despacho presidencial los senadores Mario Losada, Jorge Agúndez y Raúl Galván. Durante la reunión se coincidió en la conveniencia de no actuar atolondradamente en la comisión que debe evaluar la situación de Pou y que sesionará el martes. Ese cuerpo terminará expidiéndose después de que el Senado de los Estados Unidos (la institución a la que Carrió confió su denuncia) formule alguna acusación concreta sobre lavado de dinero. Preocupado y minucioso, De la Rúa tomó ayer en sus propias manos la tarea de sofocar el escándalo. No es para menos. Teme una nueva crisis financiera y odiaría repetir una experiencia conocida: pagar altísimos costos políticos por supuestas evidencias que tardan demasiado en probarse, como ya le sucedió en el caso del Senado.

Fernando de la Rúa divulgó ayer un texto, montado entre las declaraciones y la reflexión, en el que hizo público su criterio respecto de las dos presiones a las que se vio sometido su gobierno por parte de los partidos de la Alianza: la permanencia de Pedro Pou al frente del Banco Central y el voto argentino en la ONU en relación con las garantías a las violaciones a los derechos humanos en Cuba.

Con estas definiciones, De la Rúa se propuso rescatar la autoridad presidencial del magma deliberativo en que se convirtió el oficialismo en los últimos días, con la Alianza convertida en una especie de reunión de consorcio. Aun así y fiel a su estilo, el Presidente se comunicó en términos que deben ser descifrados, traducidos, ya que detrás de cada párrafo se vislumbra a un acusado o contradictor. Sus dichos no fueron del todo espontáneos: reiteraron, a manera de síntesis, la larga conversación que había mantenido durante la comida del miércoles con Chrystian Colombo, Adalberto Rodríguez Giavarini y José Luis Machinea, en Olivos. Ese encuentro se produjo un par de horas después de que terminara la reunión de la cúpula de la Alianza con miembros del gobierno, que le fue relatada al Presidente con lujo de detalles por el jefe de Gabinete y el titular del Palacio de Hacienda.

De la Rúa respaldó a Pedro Pou al decir que «sigue en funciones» y que «el gobierno respeta la autonomía de la autoridad monetaria». Pero en el gobierno prefieren que en relación con Pou los vean «juntos pero no revueltos»: las declaraciones dicen también que «todos saben que este gobierno no designó al presidente del Banco Central y hasta tiene discrepancias con él». Machinea sintetizó así esa postura: «El gobierno no tiene elementos de juicio que muestren la mala conducta o el incumplimiento de sus deberes como funcionario público» (son las causales que adujo Raúl Alfonsín para «echarlo a patadas»).

El respaldo a Pou no obedece solamente a la necesidad de garantizar la continuidad de la política fiscal. La posibilidad de reemplazar al economista comenzó a presentar dificultades, como ya se adelantó ayer en este diario. En la reunión del Grupo de Trabajo de la Alianza, que se realizó el miércoles en la Jefatura de Gabinete, Alfonsín y Carlos Alvarez confesaron que querían a Ricardo López Murphy en ese cargo -los dos dirigentes partidarios coinciden cada vez más, lo que no necesariamente significa más fortaleza para el gobierno-. En ese momento Machinea le preguntó a Chrytian Colombo si había hablado al respecto con López Murphy: «Sí, hablé, me dijo que ni loco aceptaba». «Ah -se sumó Machinea-, porque a mí me dijo lo mismo.»

A Alfonsín no le gustó la información; no tanto porque significaba una mala noticia sino porque descubría un costado poco profesional de su operación contra Pou. En el gobierno se insistía anoche en la necesidad de sostener al presidente del Central pero, si eventualmente su situación política se deteriorara al extremo, el nombre que emergía para la sucesión no era el de López Murphy pero tampoco el del otro candidato, más discreto, que se soñó en el Ministerio de Economía: Daniel Marx. Quienes más lo conocen hablaban de que De la Rúa preferiría un reemplazo institucional. Es decir que si Pou renuncia por no soportar la presión en su contra el reemplazante debería ser Martín Lagos, lo que seguiría el mismo criterio que se adoptó para ocupar la butaca del banco en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que creó la ley contra el lavado. Claro que un amigo de Pou aclaró: «Se equivocan si creen que lo quiebran porque es vasco y mendocino».

En el mismo sentido de sus expresiones ante la prensa, De la Rúa se reunió ayer por la tarde con los senadores Mario Losada, Jorge Agúndez y Raúl Galván (quien se encontró con el Presidente después de un largo período de distanciamiento). Con ellos analizó la convocatoria de la comisión prevista en la Carta Orgánica del Banco Central y que se reunirá el martes próximo y se encargará de decidir sobre la suerte de Pou. El criterio que se adoptó en ese encuentro es que el equipo no sirva «para que se monte un show televisivo» y que debe tener «un reglamento riguroso». Esto último significa que los legisladores oficialistas deberán establecer que las decisiones graves que eventualmente se tomen en esa comisión se adopten con mayorías especiales. Ya en el Senado, los legisladores más cercanos al Presidente se plantearon que el trabajo de la comisión debería inaugurarse una vez que se conociera la posición del Senado de los Estados Unidos sobre las denuncias que llevaron allí los diputados Carrió y Gustavo Gutiérrez.

Para Losada, la señal que emitió ayer De la Rúa abre un dilema: deberá resolver su doble dependencia política entre un De la Rúa que decidió sustraer al oficialismo del escándalo y un Alfonsín -factor clave de su llegada a la jefatura del Senado-que pretende vol-tear al titular del Central.

El Presidente tuvo palabras dirigidas también hacia Elisa Carrió, la diputada que ha iniciado una cruzada contra el lavado de dinero. Si fuera más directo, el Presidente le hubiera pedido «más seriedad». Pero prefirió decir, después de declarar su apoyo a cualquier investigación, que «no es bueno que aparezca el país involucrado en sospechas de lavado de dinero sin hechos concretos, consistentes, objetivos y comprobables». De la Rúa dijo también que «no pueden tomarse decisiones en base a trascendidos o versiones no comprobadas». Es lógico que insista tanto en este punto: ya debió deshacerse de Fernando de Santibañes, Alberto Flamarique y José Genoud por acusaciones que prometen navegar por bastante tiempo más en la Justicia.

Con esa experiencia a cuestas, el Presidente decidió actuar frente a Carrió y Gutiérrez con un temperamento distinto. Ayer los desafió a presentar pruebas: «Todos tenemos grandes expectativas sobre las investigaciones que algunos diputados anuncian. Esperamos que ahora esas expectativas se concreten y que podamos conocer los datos porque el gobierno aguardó recibir los datos objetivos ausentes allí en esas publicaciones y en ese documento». La legisladora chaqueña dijo ayer por la mañana: «Pou es un delincuente. Quiero que termine preso. Y lo voy a probar».

No debería sorprender que desde el oficialismo se siga con este reto para que Carrió cumpla con la última parte de esa frase. Más aún, tal vez la inviten a hacerlo ante la flamante UIF, que preside Jorge de la Rúa, casi el único integrante del gobierno al que la diputada le concede credibilidad. Debe recordarse que acerca del otro De la Rúa, Fernando, dijo no tener confianza como para transmitirle información delicada.