En una nota dirigida a la presidente Cristina de Kirchner para solicitarle una audiencia, las entidades que nuclean a las estaciones de servicio y a los sindicatos de los trabajadores en las mismas, denunciaron ayer que «por los precios existentes, se verifica que personas inescrupulosas consiguen combustible al precio oficial, y lo comercializan, principalmente en el sector rural, a precios muy superiores, obteniendo una rentabilidad extra, y esto se produce sin ningún control de las empresas productoras o de los órganos de gobierno».
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La nota firmada por la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y entidades sindicales, sería el último paso previo a un paro de actividades de las estaciones que podría coincidir con Semana Santa, y tener mayor impacto en algunas provincias.
Según la presentación, «las estaciones del interior están obligadas a vender a los precios fijados por las empresas productoras, causando perjuicios a los usuarios y productores rurales, ya que tienen un cupo mínimo para la venta, por lo que se fortalece ese mercado negro».
La nota agregó que «las empresas productoras y refinadoras han establecido cupos para ampliar la capacidad exportadora y mejorar la propia rentabilidad».
Indicó también que «desde el último año empresas comercializadoras y refinadoras rescinden sus contratos con las pequeñas y medianas empresas de bandera». Esta situación se agregaría -según los firmantes-a la crisis sectorial que provocó el cierre de más de 2.500 estaciones desde 2000.
La presentación manifestó que «el objetivo -de los firmantes- es lograr el abastecimiento total y permanente de combustibles y derivados a las pequeñas y medianas empresas, tanto las que poseen una bandera de las petroleras, como de las que no la poseen por distintos motivos, las estaciones denominadas blancas».
También expresó que «las pequeñas y medianas empresas de bandera carecen de existencia independiente, sus contratos con las productoras son de adhesión, y las convierten en empresas subordinadas que no participan en la fijación de precios y tienen cupos para la comercialización». Según los firmantes, el deterioro se ve acentuado por la existencia de estaciones de las propias petroleras, lo que constituye, en su opinión, «una práctica monopólica siempre lesiva para la economía».
