Desde hoy no se podrá pagar en efectivo más de $ 10.000

A partir de hoy, todo pago que supere los $ 10.000 ya no podrá ser realizado en efectivo. Será posible pagar con cheques -en todas sus variantes-depósitos en cuentas y hasta tarjetas de crédito. Hay dudas en lo que hace al cheque cancelatorio y su validez para saldar compras de inmuebles. El sistema no conforma a casi nadie y podría trabar muchas operaciones por falta de conocimiento sobre su funcionamiento. Forma parte de las medidas antievasión lanzadas por Jose Luis Machinea el año pasado pero que por ahora, y en este caso, tiene pocas chances de aumentar lo que mes a mes recauda el Tesoro.

A partir de hoy será obligatorio cancelar todo pago por encima de los u$s 10.000 con algún medio distinto al efectivo. En otras palabras: se podrá utilizar cheques propios, cheques certificados, cheques del mismo banco, cheques cancelatorios, depósitos en la cuenta del vendedor/prestador del servicio y hasta tarjetas de crédito (en caso de que el beneficiario del pago acepte).

Por caso, de ponerse de acuerdo el vendedor de un auto y el comprador del mismo, podrán encontrarse en la sucursal bancaria donde el pagador tenga una cuenta (corriente o caja de ahorro); allí el vendedor podrá previamente haber abierto su propia cuenta, y estarán en condiciones de hacer la transferencia in situ, incluso sin la presencia de dinero sobre el mostrador.

De todos modos, la nueva forma de liquidar obligaciones presenta no pocos inconvenientes, sobre todo en la compraventa de inmuebles. Tanto escribano como martilleros vienen advirtiendo los peligros a los que se expone el vendedor en caso de que no pueda efectivizar el cheque.

Es que, según el Código Civil -que no ha sido modificado en consonancia con la ley antievasión-, la escritura queda «perfeccionada» al momento de la venta y la aceptación por parte del vendedor del pago realizado por el comprador.

Por lo tanto, en caso de carecer de fondos el cheque entregado -o alguna catástrofe peor, como la posible quiebra de la entidad contra la que esté librado-, el anterior propietario del bien no tendrá derecho a reclamar su devolución; apenas le quedará el recurso de hacer un juicio por cobro de pesos, de difícil -y, sobre todo, larga-resolución.

Los bancos también se opusieron a la aplicación de la norma; fueron necesarias prolongadas negociaciones con el Banco Central de la República Argentina -organismo encargado de reglamentar la ley-para adecuar la norma a los reclamos de las entidades financieras.

Uno de los reclamos, desde ya, era que la ley obligaba a los bancos a entregar los denominados cheques cancelatorios en forma gratuita, a lo que éstos -obviamente-se opusieron. Esa parte de la ley fue vetada por el Ejecutivo, y ahora las entidades cobrarán una comisión que estará entre 0,15% y 0,25% sobre el monto del cheque, con un mínimo fijo de u$s 50.

Estos cheques serán emitidos por la entidad que preside Pedro Pou, que los entregará a los bancos comerciales para su venta. Por su parte las entidades se tomarán 48 horas para tratar de certificar la legitimidad y el origen de los fondos.

Entre las ventajas de este nuevo sistema, además del posible combate contra la evasión y el lavado de dinero, los impulsores del proyecto indicaron dos: la posibilidad de bancarizar a algunos sectores de la población que aún no operan con cuentas y el fin de las operaciones al contado, que implicaban grandes riesgos en una época en la que la inseguridad es moneda corriente.

Sin embargo, los opositores al sistema responden que no se encuentra a mucha gente que haga una compra superior a los u$s 10.000 que no opere con algún banco; salvo, claro, que se trate de plata «negra», en cuyo caso ninguna entidad aceptará venderles un cheque. En lo que hace al manejo de grandes sumas en efectivo, desde hace tiempo la gente cierra escrituras en sedes bancarias, por lo que el riesgo es poco. Lo cierto es que hoy se pone en marcha este controvertido sistema, que ha sumado más polémicas y rechazo que adhesiones.