Deudores: hubo 2.500 consultas

El Banco Nación recibió ayer unas 2.500 consultas para la inscripción en el registro de deudores hipotecarios que impulsa el gobierno con el objetivo de saber qué cantidad de personas están al borde de un remate y qué solución pueden brindarles.

La convocatoria fue buena, si se considera que son alrededor de 16 mil los deudores hipotecarios ejecutables.

Aunque la inscripción es gratuita, hubo inconvenientes. El problema es que se le solicitan al deudor varias certificaciones que tienen un costo de $ 150 a $ 1.000, según el caso, y las asociaciones de deudores advirtieron que, de esta manera, muchos iban a quedar fuera del registro.

Ayer, no obstante, los interesados concurrieron a las sucursales del Nación que por su domicilio (el del titular de la hipoteca) les correspondía para preguntar acerca de la inscripción.

Hay tiempo hasta el 9 de setiembre próximo, pero hay que tener presente que muchos de los papeles que se exigen al deudor ya forman parte de expedientes judiciales y deben pedirse directamente a los juzgados (que están por entrar en feria judicial a partir de la semana próxima en todo el país).

Los deudores hipotecarios ejecutables, ya sean bancarios o no bancarios, y también los acreedores que así lo deseen, deberán completar los formularios que se entregan en el Nación y que tendrán carácter de declaración jurada.

Una vez recepcionados, una copia quedará en poder del deudor y otra se remitirá a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, donde se confeccionará el registro.

• Exigencias

Los requisitos para la inscripción son fotocopias del documento (primera y segunda hoja y en la que figure el último domicilio), fotocopia del Poder (si el declarante es apoderado) certificada por escribano y fotocopia de la escritura de constitución de la hipoteca (también certificada por escribano). También se requieren el certificado Judicial del trámite de la Ejecución (original) y fotocopia de los recibos de pagos o certificación (no obligatorio), mientras que las personas jurídicas deberán informar indefectiblemente el número de CUIT.

Entre las opciones que el gobierno ofrecería a quienes están al borde de un remate figuran: un subsidio, una ampliación de los plazos o también una refinanciación. La primera opción se descartó -aunque extraoficialmente-. A las otras dos no podrán acceder todos. Muchos hipotecados ya tienen deudas superiores al valor de su vivienda -entre cuotas e intereses atrasados- y no podrán afrontar una propuesta que los endeude todavía más.