Poco antes de que el jefe de Gabinete comenzara su informe bimensual ante el recinto del Senado para describir la creciente bonanza de la economía argentina, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la misma cámara se apuraba la firma de la prórroga de la declaración de emergencia pública más amplia que se tenga recuerdo.
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Un poco después, la Cámara de Diputados iniciaba una larga sesión donde aprobó la ampliación del Presupuesto 2006 por $ 11.000 millones -en realidad, una ratificación de los DNU y resoluciones con los que el gobierno fue disponiendo de los excedentes de recaudación en el año- y el régimen de refinanciación de deudas de morosos hipotecarios privados.
La versión de la prórroga de emergencia hasta diciembre de 2007 que se votará en el Congreso no sólo mantiene la vigencia de esa ley y de todas las modificaciones que tuvo en los últimos años, sino que, además, ratifica que el país sigue en emergencia sanitaria, ocupacional y alimentaria.
Se le suma también a la emergencia económica -con todas sus facultades al gobierno para renegociar contratos con empresas de servicios privatizadas y hasta el poder de intervenir en cualquier área de la economía- el mantenimiento de los planes Jefas y Jefes de Hogar y se posterga el traspaso a los nuevos planes asistenciales con los que el gobierno prometió reemplazarlos.
Sin embargo, las verdaderas intenciones del gobierno sobre esta ley no sólo se sabían de antemano, sino que también el gobierno las insinuó en el mensaje que acompañó al proyecto. Allí se explica que «se debe asegurar un marco de sustentabilidad interna habida cuenta de la subsistencia de numerosos factores internos y externos que condicionan los objetivos económicos y sociales».
A esa categoría corresponde el peligro constante de las presentaciones de bonistas que no ingresaron al canje de deuda ante tribunales internacionales, que el gobierno cree poder frenar si los jueces en el extranjero reconocen que legalmente el país sigue en emergencia.