El sistema que se aplica para el control del valor de las mercancías que se importan, que fuera apelado ante la Aduana por dos diputados nacionales, fue ayer motivo de debate. Los legisladores radicales Manuel Martínez y Luis Trejo sostuvieron que el recurso presentado es para determinar si el mismo es «violatorio del tratado internacional que rige la materia y del Código Aduanero».
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El abogado Osvaldo Albano -en una nota publicada ayer en este diario- dio cuenta de esta apelación que surgió luego de que el titular de la Administración Nacional de Aduanas, Eduardo Casullo, decidiera organizar un banco de datos más amplio con los precios internacionales y ordenara publicarlos para que se sepan los valores reales de las mercaderías similares importadas y «así transparentar y evitar fraudes».
Según sostienen Martínez y Trejo el recurso administrativo presentado contra la resolución de la AFIP (1004/01) «se interpuso con el fin de coadyudar al fiel cumplimiento de la legislación aduanera» en la lucha contra el contrabando y la subfacturación. En tal sentido, señalaron que han sugerido al ministro que juntamente con la revocatoria de la mencionada resolución se instruya a la AFIP para que proyecte una nueva reglamentación «que permita proteger a la industria nacional y a los importadores honestos».
La misma debería contemplar la reinscripción de los importadores ante la Aduana con las exigencias establecidas en el Código Aduanero, especialmente la de acreditar la solvencia necesaria. «Esta medida permitirá ubicar a culpables solventes cuando los funcionarios comprueben la falsedad de los valores declarados», afirman.
Proponen, además, incorporar al Sistema Informático María «un módulo que permita comparar automáticamente los precios documentados en la importación con rangos de valor aceptables» y ejecutar un chequeo de credibilidad que habilite un control exhaustivo cuando los valores declarados sean inferiores, «posibilitando que el servicio aduanero pueda con anterioridad al libramiento de las mercancías exigir la constitución de garantías por las diferencias».
También se señala la exigencia de presentar facturas comerciales originales con certificación consular, previas al registro de los despachos de importación que amparen mercancías con precios documentados inferiores a los establecidos en los rangos de valor, o que «se garanticen las posibles diferencias de tributos».
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