Este fin de año, el gobierno está atormentado casi exclusivamente por un problema: la posibilidad de que la Corte emita un fallo despesificando la economía el próximo 30. Juan José Alvarez, ministro de Justicia; y Roberto Lavagna, de Economía, están realizando gestiones delante de tres jueces de la Corte para postergar esa fecha. Hablan con Antonio Boggiano, Julio Nazareno y Augusto Belluscio, y han avanzado bastante en su pretensión: los magistrados aceptarían derivar su pronunciamiento al mes de febrero, cuando termine la feria estival de la Justicia. Tienen varios argumentos para eso: desde algunos procesales hasta la conveniencia de que Juan Carlos Maqueda -que se incorporaría al tribunal-estudie el caso. En cambio, las gestiones oficiales frente a los bancos para que se hagan cargo de 50% del voto para compensar a los ahorristas por la brecha cambiaria han tenido menos éxito. Mario Vicens, de ABA; y Carlos Heller, de Abappra, le hicieron saber al gobierno, al cabo de un par de conversaciones informales, que los bancos no están en condiciones de solventar ese suplemento. Muy tímidamente, se abrió otro debate con el sector financiero: que ellos emitan un certificado a cambio de que el Estado respalde ese papel con el bono que prevé destinar a los ahorristas.
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Delante de la Corte, los principales «lobbystas» del gabinete son Juan José Alvarez, el ministro de Justicia, y Roberto Lavagna, el de Economía. Sus interlocutores habituales son Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y, con menor frecuencia, el titular del tribunal, Julio Nazareno.
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