Dolarizarán llamadas telefónicas al exterior

El gobierno aplicaría a partir del próximo 1 de junio un aumento de tarifas de gas y electricidad que rondaría 10%, y también analiza la suba en las llamadas telefónicas internacionales, mediante la adecuación del franco oro, que implicaría un incremento un poco más atenuado que el de la devaluación, pero podría implicar una triplicación del precio de esas comunicaciones.

La información fue suministrada por una alta fuente del Palacio de Hacienda, quien dijo que la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas, prevista en la Ley de Emergencia Pública, se extenderá más allá del plazo fijado inicialmente que vencía a fines de junio, pero que, antes que eso, «en el corto plazo se evaluará cuáles son las necesidades para cubrir los costos operativos para que no haya deterioro en los servicios».

• Exclusión

Esto abarca a gas, electricidad, teléfonos y aguas, mientras lo referido a obras públicas (peajes, trenes) se considerará desde otra perspectiva, y dos de las privatizadas (Aeropuertos y Correo) fueron excluidas del mecanismo general de renegociación por sus características particulares.

Los aumentos tendrían vigencia nacional en el caso del transporte y distribución de gas, transporte de electricidad y telefonía. En la distribución de electricidad, el Estado nacional sólo puede autorizar subas en los márgenes de Edenor, Edesur y Edelap, mientras que la incidencia del transporte en las tarifas de luz es prácticamente insignificante (alrededor de 0,40 de peso actualmente en una factura residencial promedio).

La fuente de Economía dijo que Aguas Argentinas, que tiene jurisdicción compartida con al provincia y la Ciudad de Buenos Aires pero depende del Estado nacional para los incrementos, «la empresa dijo que estaría en condiciones de asumir los costos operativos debido a que se utilizaría parte de la tarifa que debía destinarse a inversión y porque el organismo regulador está avanzando en una serie de acuerdos con la concesionaria que aliviaría la presión sobre tarifas».

• Beneficios

La fuente afirmó que en todos los casos se estudian varios mecanismos para «minimizar los eventuales incrementos de tarifas», y que esto beneficiaría también a las empresas porque, en caso de ajustes significativos, «aumentaría la morosidad y los colgados, por la situación social».

Entre los mecanismos alternativos, la fuente mencionó:

• El pago de la deuda del Estado nacional por facturas impagas que, en el caso de la electricidad, llegaría a 11 o 12 millones de pesos, y en el de Aguas Argentinas, según la empresa, a 50 millones de pesos.

• La eliminación de la obligación de tributar IVA en el caso de las facturas impagas del Estado nacional. Esta medida no alcanzaría al resto de los clientes de las empresas, aun cuando las privatizadas habían pedido esa exención dados los crecientes porcentajes de morosidad e incobrables.

• Escalonamiento

La fuente de Economía mencionó que el objetivo es aplicar «aumentos escalonados» para llegar a «un punto de equilibrio a fines de 2003», lo que implica «un período de pérdida» para las empresas con respecto a la ecuación económica de los contratos originales». Entre tanto, además, se renegociarían los contratos, lo que podría modificar el punto de equilibrio, en tanto puede extenderse el plazo de la concesión o diferirse inversiones obligatorias.

La alta fuente de Economía insistió en que durante esta misma semana se están analizando los costos operativos de las empresas de energía, telecomunicaciones y aguas, para tomar una decisión «bastante rápido».

«Si se forzara la situación -afirmó- la variable de ajuste va a ser la calidad del servicio, el personal o los salarios, que son cosas que queremos evitar.»

Los ajustes inmediatos no pasarían por el Congreso, según Economía, y recién se llegaría a la instancia parlamentaria cuando se revisen los contratos de concesión. En ese caso, tal como ya adelantó el ministro Roberto Lavagna, a las empresas, se utilizaría el mecanismo de «fast track», esto es, que el Parlamento vote por sí o por no, sin abrir lo que haya acordado el Ejecutivo con las privatizadas.