Efecto Otero: Solá logra media sanción para otro impuestazo

El Senado bonaerense aprobó hoy la creación de denominado "impuesto a la riqueza", mediante el cual la provincia de Buenos Aires podrá aplicar una mayor presión impositiva sobre aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los 500 mil pesos.

Ahora la iniciativa deberá ser tratada en la Cámara de Diputados y podría ser transformada en ley la semana próxima.

Con esta mayor presión fiscal, el gobierno de Felipe Solá pretende recaudar unos 300 millones de pesos en lo que resta del año. El proyecto fue aprobado en el Senado con los votos de los bloques del Frente para la Victoria y el PJ y el rechazo del radicalismo.

Este proyecto fue aprobado hacia fines de 2006 por la Cámara de Diputados pero se trabó en el Senado, a raíz de diversos cuestionamientos, varios de los cuales partieron incluso del gobierno nacional ya que ese impuesto lo cobra la Nación.

Pero, ahora, en los últimos días, y luego de sufrir algunos cambios, la iniciativa quedó lista para ser votada, lo que finalmente ocurrió hoy.

La mayor presión impositiva se ejercerá a través del cobro de un adicional sobre los impuestos Inmobiliario y la Patente.

El proyecto oficial de este gravamen sufrió una serie de modificaciones durante este tránsito parcial por la Legislatura.

En rigor, había sido pensado como un tributo que reemplazara, a partir de 2010, el impuesto a los Bienes Personales, y mientras tanto, se aplicarían las sobrealícuotas de 0,25 para los patrimonios entre 500 y 700 mil pesos; 0,50 para entre 700 y 1,2 millones de pesos y del 0,75 para patrimonios superiores a los 1,2 millones de pesos.

Tras una larga negociación, se acordó cobrar sólo la sobrealícuota y arrancar desde los 500 mil pesos.

El adicional del impuesto Inmobiliario y la Patente para aquellos contribuyentes bonaerenses con patrimonios superiores a los 500.000 pesos, se aplicará durante el segundo semestre de 2007, pero aún no está definido si será en un solo pago o se establecerán cuotas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, este adicional alcanzaría a unos 100.000 propietarios de inmuebles y a cerca de 20.000 titulares de automóviles.

El gobierno provincial pretende aumentar así la presión impositiva sobre un grupo de contribuyentes, mediante la aplicación de una sobrealícuota que irá del 0,25 al 0,75 por ciento del valor de las viviendas o automóviles que tengan registrados en territorio bonaerense. Y mediante este mecanismo, procura recaudar unos 300 millones de pesos más este año.

Uno de los datos salientes sobre cómo se aplicará este tributo tiene que ver con la determinación del patrimonio de cada contribuyente. Ocurre que para definirlo, no sólo se tomarán los bienes a gravar radicados en la provincia de Buenos Aires, sino además otros inmuebles en otras ciudades del país o del exterior y hasta los depósitos bancarios, según confirmó oficialmente.

Así, por ejemplo, un contribuyente de la Provincia que tenga una propiedad valuada en 200.000 pesos y un vehículo en 50.000, podría ser alcanzado por el gravamen, en caso de que se detecte que tiene, además, propiedades en otros distritos o en el exterior y depósitos bancarios que, en total, superen los 500 mil pesos.

"Para determinar el patrimonio no sólo se tendrá en cuenta la valuación de la casa o el auto que tiene en la Provincia, sino también el de la totalidad de sus bienes", se explicó. Este es un dato clave de cómo funcionará el nuevo gravamen.

El otro, tiene que ver sobre qué monto se calculará la sobrealícuota. Es que, en efecto, el plus no se aplicará sobre todos los bienes del contribuyente, ya que la Provincia no tiene atribuciones para ello, sino sólo sobre los radicados en territorio bonaerense.

Por ejemplo, un contribuyente cuenta con un patrimonio de 720 mil pesos, pero en la Provincia tiene registrados una vivienda por 200 mil pesos y un auto por 50 mil pesos. En este caso, la sobrealícuota del 0,50 se aplicará sobre los 200 mil pesos de la casa y los 50.000 del vehículo, no sobre el resto. Así, tendría que pagar 1.000 pesos adicionales por el inmueble y 250 pesos por el auto.

"Si una persona tiene un piso en la avenida Libertador en Capital Federal que vale 500 mil pesos y una casa de 200 mil pesos en Mar del Plata, el adicional se aplicará sólo sobre los 200 mil", se indicó en el Ministerio de Economía. De esta forma, el gobierno provincial podría hacerse hacia fines de año de unos 300 millones de pesos.

Una cifra que se ha vuelto crucial ante la necesidad de cubrir erogaciones no previstas en el Presupuesto como, por ejemplo, el aumento salarial otorgado a los docentes y el que se aplicará al resto de los estatales.

Una vez que sea aprobada la ley, en la Provincia se prevé que el adicional se cobre en el segundo semestre de 2007. Esta supuesta demora tiene que ver con la necesidad de cumplir un requisito previo: la presentación de una declaración jurada por parte de los contribuyentes.

Una vez que esos datos estén en manos del ministerio de Economía, se definirá si el adicional se aplicará en una cuota o en varias.

El otro dato central para la aplicación de estos adicionales se relaciona con la valuación fiscal de los inmuebles que se tomará para calcular el patrimonio. Concretamente, se usarán los nuevos valores surgidos del revalúo 2005, que se acercan en un 60 ó 70 por ciento a los precios de mercado de las propiedades.

Esta decisión apunta a alcanzar con el tributo a un número mayor de contribuyentes, ya que de utilizarse la valuación sin cambios, como la que se aplica este año a aquellos que no declararon mejoras o construyeron propiedades nuevas, el valor de los inmuebles sería de aproximadamente el 30 por ciento del valor de comercialización. De esta manera, al aplicarse la nueva valuación más bonaerenses quedarán alcanzados por la sobrealícuota.

"Hay que tomar en consideración que las propiedades fueron recuperando su valor en dólares que tenían antes de la devaluación y la Provincia se había quedado atrasada en las valuaciones", se explicó oficialmente.

El caso del impuesto Automotor es distinto, porque las valuaciones se van actualizando anualmente, tomando como base el 85 por ciento de los valores que establecen las compañías de seguro.