Una de las incógnitas que se instalaron en el mercado es a cuánto llegará la aceptación de la nueva propuesta para los bonistas que quedaron fuera del canje. En otras palabras, hasta qué punto se podrá estirar 76% de aceptación conseguido en la reestructuración de 2005. Aunque en el gobierno nadie arriesga números, al menos oficialmente, consideran que como mínimo tendrán que superar el umbral de 90% y se entusiasman incluso con arañar 95%. No llegar a estos niveles sería un fracaso.
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No se trata de una discusión menor. Puede resultar la diferencia entre solucionar de manera definitiva el problema del default o seguir sufriéndolo. En otras palabras, la nueva oferta en discusión será exitosa si se consigue impedir que los fondos buitre continúen embargando activos argentinos en el exterior.
Los tres bancos organizadores aseguran que poseen no menos de u$s 10.000 millones de los u$s 20.000 millones de capital de títulos que quedaron fuera del canje. Consideran que esta nueva alternativa será atractiva sobre todo para los bonistas que de buena fe no entraron en la primera oportunidad, como sucedió con la mayor parte de los pequeños acreedores italiano (35% del monto total que se reestructuraba allí se quedó afuera).
Será imposible conseguir que acepten esta oferta los grandes fondos que tenían bonos e incluso adquirieron más sólo para litigar. Su estrategia es insistir hasta el final: saben que algún gobierno de la Argentina en el futuro les terminará reconociendo la totalidad de su acreencia, sólo para sacarlos del medio. Claramente, ésta es la situación de Elliot y Dart, los fondos buitre más activos contra la Argentina.
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el buffet de abogados que representa al país, también tiene experiencia en estas peleas. Un caso testigo es el bono Aconcagua de Mendoza. Esa provincia reabrió el canje de la deuda en default en 2005 y consiguió finalmente 92% de aceptación, tras haber llegado sólo a 62% en la primera oportunidad. Con aquel porcentaje, el mismo estudio de abogados que asesora a la Argentina efectuó un cambio clave en las cláusulas de los viejos bonos que habían entrado en cesación de pagos: impidió a sus tenedores embargar al emisor en caso de incumplimiento. Esta decisión fue apelada por los fondos buitre, pero la Justicia neoyorquina avaló el cambio introducido por la provincia.
Quien llevó adelante aquella operación mendocina fue el entonces gobernador de la provincia, Julio Cobos. ¿Le pedirán consejos al ahora vicepresidente, transformado en enemigo del kirchnerismo?
Desde Economía aseguran que no hará falta dar un paso tan drástico como cambiar la cláusula de emisión de los bonos para neutralizar a los acreedores belicosos. La apuesta es conseguir más de 90% de aceptación y convencer a los jueces para que no acepten embargar activos del país y, más aún, dejen sin efecto las medidas en curso. Hace diez días quedaron congelados u$s 72 millones de depósitos del Banco Nación en Wall Street y aún continúan inmovilizadas reservas del Banco Central por u$s 105 millones.
El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, tiene antecedentes en estos procesos, ya que estuvo al frente de la renegociación de la provincia de Buenos Aires. Consiguió inicialmente 94% de aceptación, pero en la reapertura llegó a 98%. Los jueces desestimaron desde entonces cualquier reclamo de embargos.
El argumento del consorcio de bancos para conseguir una buena aceptación de la oferta no es menor. Desde el gobierno se buscó transmitir la idea de que el canje tendrá «condiciones más favorables» para el Estado que el efectuado en 2005. Y es cierto, porque además de colocar deuda de largo plazo, se consigue financiamiento por hasta u$s 2.500 millones con la colocación de un nuevo título. Un paquete más que interesante que llegaría justo en el arranque de la campaña electoral 2009.
Para los bonistas, también la propuesta es atractiva. Por cada bono en default que entreguen recibirán un Discount y tres unidades ligadas al PBI, igual que el canje anterior. El valor del Discount llega aproximadamente a u$s 32. Pero además, las unidades PBI cotizan a u$s 9, con lo que su valor total asciende a u$s 27.
De esta manera, el inversores que no ingresó al canje estará recibiendo nuevos activos por u$s 59. Y aún falta sumar lo que se pague en bonos por los intereses acumulados entre 2005 y 2008. Casi por arte de magia (o mejor dicho, ingeniería financiera), la quita de 70% que publicita el gobierno es, en la práctica, inferior a 40%.
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