Tal como sucedió en los últimos días en Estados Unidos y Europa, el Estado se transformará en dueño de bancos y empresas. Pero no será por un rescate obligado, sino por la reestatización del sistema previsional. Esta será, al menos, una de las consecuencias, ya que los fondos de pensión poseen actualmente casi $ 10.000 millones en acciones que cotizan en la Bolsa porteña. Además, tienen otros $ 5.500 millones en títulos de compañías extranjeras (adquiridos a través de los CEDEAR). Incluso, el gobierno podrá sentarse en el directorio de varias compañías de primera línea, debido a que tendrá (si se aprueba la ley) una importante participación en el capital. Entre las principales tenencias que tienen las AFJP y que ahora pasarían al Estado se encuentran Siderar ($ 1.914 millones), Telecom ($ 1.648 millones) y hasta la compañía de emprendimientos inmobiliario Consultatio, de Eduardo Costantini ($ 264 millones), por sólo citar algunos casos. Pero no es éste el principal objetivo de la reestatización ni mucho menos. En realidad, las miradas del gobierno están puestas en la enorme cantidad de bonos que poseen las AFJP, que representan más de 60% de la cartera total, entre títulos nacionales y provinciales. Como pasa no sólo el flujo de los aportes, sino también el stock en poder de las AFJP, se produce un cambio en el perfil de la deuda argentina.
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Este sería el tratamiento que recibirán las tenencias que poseen las AFJP si se reestatiza el sistema:
La totalidad de los activos financieros en poder de los fondos de pensión (acciones, bonos, ON, fondos comunes de inversión, etc.) pasarán a estar administrados por el Fondo de Garantía de la Seguridad Social, que funciona dentro de la ANSeS. Este fondo administra ya los activos de aquellos que el año pasado optaron por pasarse al sistema de reparto.
Es posible que los títulos emitidos por el gobierno que tienen los fondos de pensión terminen siendo destruidos, incluyendo BODEN, BONAR y los títulos Cuasi Par entregados durante la reestructuración de la deuda. Como ahora el acreedor pasa a ser la ANSeS, el gobierno emitiría un nuevo bono «intraestado» para cumplir con dichas obligaciones. Los ex aportantes pasarían a ser acreedores de una cuotaparte de este nuevo título, siempre que se apruebe la ley.
De esta manera, la refinanciación de deuda que estaba encarando el gobierno para mejorar el perfil de vencimientos ahora no incluirá a los fondos de pensión, pero sí a los bancos y otros inversores que poseen títulos.
Además de eliminar un pesado volumen de deuda que estaba en manos de los fondos de pensión, el gobierno también se asegura un importante flujo, ya que recibirá unos $ 15.000 millones de aportes que hasta ahora se canalizan en el sistema de capitalización.
En el gobierno aseguran que con la modificación por ley del esquema previsional está a salvo cualquier reclamo que se efectúe por la posible violación de la seguridad jurídica. «El sistema existe porque fue aprobado por ley y se lo puede modificar o eliminar por otro», indican en Casa Rosada.
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