El gasto primario desde el tequila se mantuvo congelado
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Afortunadamente, las estadísticas elaboradas recientemente por la secretarías de Hacienda y de Política Económica del Ministerio de Economía permiten contar con la información necesaria -en el ámbito nacional y provincial- para realizar una correcta interpretación de los hechos. Paradójicamente, ésta información desnuda la total inconsistencia que existe entre la realidad y el discurso público del ministro de Economía.
Si consideramos el comportamiento del gobierno nacional, observamos que mientras el gasto primario aumentó 10.992 millones entre 1991 y 1995, correspondiente a una tasa de crecimiento anual promedio de 8,8%, éste se redujo en 357 millones entre 1995 y 1999. Esta reducción se explica enteramente por el comportamiento de dicho gasto en 1999. Cabe recordar que la reducción ocurre a pesar de que en ese año el Congreso sanciona el fondo de incentivo docente que aumentó el gasto en 324 millones.
Como nota metodológica, cabe aclarar que para 1999 se excluye de los cómputos el aumento de la cuota de la Argentina en el FMI, ya que la misma no generó movimiento alguno de caja sino que, por el contrario, sirvió para ampliar el acceso del país al crédito del organismo. Por su parte, si consideramos el gasto primario provincial, observamos que el mismo aumentó 16.248 millones entre 1991 y 1995, correspondiente a una tasa anual de 18,5%, mien-tras que creció en 6.677 millones durante 1995 y 1999, correspondiente a una tasa de 4,7% anual.
Estas cifras permiten concluir que también las dos hipótesis restantes son falsas. El gasto primario nacional se mantuvo estable a partir del efecto tequila, mientras que como es sabido fue el gasto provincial el que se expandió en exceso. Sin embargo, un dato que es aún menos difundido es que el gasto provincial se expandió a tasas muy superiores en la primera mitad de los noventa que en la segunda mitad. Es fácil demostrar que la participación del gasto provincial se incrementó de 35% a 42% entre 1991 y 1995 (un aumento de 7 puntos), mien-tras que aumentó de 42% a 46% entre 1995 y 1999 (un aumento de 4 puntos).
Es interesante ahora relacionar el comportamiento del gasto con las elecciones. En el año anterior a la elección presidencial del '95 (la reelección de Menem), el gasto primario nacional aumenta en 3.183 millones (más de 9%), mien-tras que en la elección presidencial de 1999 se produce una reducción de 310 millones (casi -1%). Entonces, no es sorprendente que en setiembre de 1994, a pesar de un contexto internacional caracterizado por un fuerte aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, la Argentina se convierte en el único país que se ve obligado a suspender su programa con el FMI.
Consideremos ahora el comportamiento de las provincias. En el agregado, el gasto provincial aumenta 2.987 millones en el '94 (un incremento de 10%), comparado con un aumento de 2.311 millones en el '99 (un incremento de 4%). En ambas instancias, en un contexto internacional adverso, puede observarse un importante aumento en el gasto provincial. Si uno desagrega los datos por provincia, pueden observarse comportamientos muy disímiles. En el '94, de las 24 jurisdicciones sólo tres (GCBA, Misiones y Río Negro) presentan variaciones inferiores a 5%, y siete provincias presentan aumentos superiores a 15%, por ejemplo, Buenos Aires (15%), Chubut (20%), San Juan (25%), y San Luis (23%). En el '99, sin embargo, nueve jurisdicciones presentan cero crecimiento o disminución del gastopor ejemplo Córdoba (-3%), Río Negro (0%) y Santa Fe (-8%) -mientras que diez jurisdicciones presentan aumentos superiores a 5%-, entre las cuales figuran GCBA (7%), Buenos Aires (5%), Entre Ríos (13%), Mendoza (12%), y San Luis (21%).
Finalmente, cabe resaltar que una caracterización honesta de la información por parte del gobierno ayudaría a consolidar la imagen internacional de transparencia en la información económica adquirida por la Argentina a partir del efecto tequila, y de ninguna manera opacaría el importante esfuerzo en materia de reducción de gasto público que llevaron a cabo en el año 2000 el gobierno nacional (por $ 976 millones) y los gobiernos provinciales (por $ 1.406 millones).




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