El gobierno está dispuesto a cancelar una supuesta deuda de 250 millones con los sindicatos para terminar de destrabar el decreto reglamentario de la desregulación de las obras sociales. Esa deuda se originaría en créditos que, vía ANSSAL, obras sociales gremiales tienen contra el PAMI por prestaciones. Hasta ahora el Estado la fue pagando con excedentes de recaudación del PAMI, como lo fija un decreto de Carlos Menem. Pero el Presupuesto 2001 dispuso que esas retenciones a favor de los sindicalistas se suspendieran por un año. Los senadores peronistas intentaron obligar al gobierno a cancelar en efectivo la deuda durante 2001. Pero ese artículo fue rechazado en Diputados. Además, el gobierno ahora se comprometería a cancelar otros $ 30 millones que se les adeuda a los sindicatos por aportes que quedaron indeterminados en el sistema. Todo será incluido en la negociación final del decreto de desregulación. Héctor Lombardo, Patricia Bull-rich, Pablo Gerchunoff y Chrystian Colombo analizarán hoy el borrador definitivo del decreto que será firmado por Fernando de la Rúa antes del próximo viernes.
El gobierno les pagará a las obras sociales sindicales entre $ 200 y $ 250 millones en concepto de deudas que mantiene el PAMI con ellas por prestaciones. Los desembolsos se harían de acuerdo con un cronograma mensual de pagos, hasta ahora suspendido, que Carlos Menem había establecido por decreto. Además, se les cancelarán a los gremios otros $ 30 millones por aportes indeterminados que hubieran correspondido a los sindicatos. Este paquete de fondos, que hasta ahora estaba suspendido en el Presupuesto Nacional para 2001, será la pieza de cambio para que los sindicalistas acepten sin protestar el decreto reglamentario de la desregulación de obras sociales que se firmará esta semana.
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Esta compensación en la desregulación que comenzará a regir desde el próximo 1 de enero fue negociada por Héctor Lombardo y Patricia Bullrich y se suma a la posibilidad de los sindicatos de contar, aunque sea por un corto tiempo, con la obligación de que los nuevos empleados se radiquen en la obra social del sindicato de su rama en lugar de ejercer la opción desde el comienzo de su vida laboral. Esto significará para los gremios contar con afiliados de muy bajo costo, son todos jóvenes y en general con un análisis preocupacional impecable. Luego cada uno tendrá que iniciar el trámite para mudarse a la prepaga de su elección, lo que complica más el cambio. Hoy el Ministerio de Trabajo volverá a negociar esta posibilidad tratando de acercarse a su propuesta inicial de que cada nuevo empleado elija desde el primer día la cobertura de salud que prefiera.
La desregulación incluirá, además, un límite de 20% para el incremento del padrón de afiliados de cada prestadora, un período de 9 meses obligatorios de permanencia en cada prestadora con un límite de un cambio por año y un sistema de preexistencias para evitar que las obras sociales sindicales «inviten» a los pacientes con tratamientos más caros a migrar hacia las empresas de medicina prepaga. La historia reciente de la deuda del PAMI con las obras sociales por prestaciones en realidad fueron fondos que quedaron disponibles para el PAMI a través de la ANSSAL, arrancó el debate del Presupuesto Nacional para 2001. En el proyecto de presupuesto se incorporó un artículo que suspendía por un año una retención que el Tesoro debía hacerle a la recaudación del instituto médico de los jubilados para cubrir esa deuda con las prestadoras gremiales. Esa retención fue establecida en el gobierno de Menem y operaba cada vez que la recaudación de aportes para el PAMI superara los $ 200 millones mensuales.
Cuando el proyecto pasó al Senado se estableció, por el contrario, que la deuda quedara líquida para poder ser cobra-da durante 2001 con una facultad al jefe de Gabinete para que se hiciera cargo del pago. Pero a su vuelta a Diputados se convirtió en uno de los pocos artículos modificados por la Cámara alta que la Alianza pudo rechazar, incluso con la ayuda de algún justicialista que no quiso ser identificado.
Pero en esa acción no hubo unidad dentro del gobierno. Ya entonces, se supo recién ahora, existía la negociación por el decreto de desregulación que incluía esta deuda como pasaporte para que los sindicalistas aceptaran la liberalización del sistema sin mayores conflictos. Fue por eso que en Diputados se recibieron algunos llamados desde el Ejecutivo pidiendo que se dejara en firme lo votado en el Senado. La respuesta fue clara: «Si no lo pide el jefe de Gabinete, es imposible aceptar en el Congreso que el Estado pague esos fondos».«Pero estamos en medio de una negociación», advirtió el funcionario al legislador que escuchaba en la otra punta de la línea. «No; si es así, menos.
Si aprobamos cancelar estos $ 200 millones, después van a pedir más», fue la respuesta desde el Palacio. La cuestión quedó archivada porque, como era de esperar, Chrystian Colombo nunca llamó a Diputados pidiendo lo contrario. Por lo tanto, hasta el esquema de pagos mensuales a los sindicatos a través de las retenciones al PAMI quedó suspendido. Ahora el gobierno desempolvará el esquema original restableciendo el pago de esa deuda como compensación final para conseguir una desregulación en paz con el sindicalismo.
