El gobierno falló a favor de importaciones chinas

El gobierno finalmente archivó el expediente con la investigación sobre dumping en los precios del glifosato, un herbicida muy utilizado en el campo, que se importa desde China. El plazo para la imposición de aranceles compensatorios había vencido el 17 de octubre y pocas explicaciones se encontraban para la falta de comunicación de la decisión que ya desde entonces se presumía contraria al reclamo presentado por la empresa Monsanto, a la que luego se le sumó Atanor.

El trámite del expediente fue muy accidentado en su derrotero de año y medio, a través del cual, pasó por todas las oficinas del Ministerio de Economía y por varios despachos de Presidencia de la Nación, cuestión inusual en un caso como el que se discutía que sólo suele debatirse en la órbita de Economía. El tema tomó más vuelo del habitual ya que al planteo de las empresas que fabrican y venden glifosato en el país se enfrentó el de las cuatro entidades gremiales de productores, que con matices, hicieron causa común con la embajada china en la Argentina. Pero el punto crítico que hizo extender la definición más tiempo del previsto, aun por la Organización Mundial del Comercio, resultó ser el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien se excusó de definir el tema ya que Ecolatina, la consultora que fundó, de la que dice estar desvinculado fue la que elaboró la presentación realizada por la empresa Monsanto.

El expediente llegó finalmente al Ministerio del Interior que ayer, con la firma del ministro Aníbal Fernández, emitió la Resolución 28/04, que en sus largos fundamentos aduce al «interés general de la sociedad... y a la necesidad de resguardar la competitividad de una industria vital para el desarrollo de la economía argentina». Antes indicaba que el precio de venta de glifosato de las empresas demandantes oscilaba en u$s 2,20/2,45 contra un costo de glifosato formulado a 48% que se vende a u$s 1,18 aunque el litro puro se importe a u$s 2,67.

Desde Monsanto decían ayer que «la resolución se fundamenta en el interés general y no en aspectos técnicos» pero no ahondaban en los próximos pasos a seguir aunque se sabe que deberá transcurrir un año para que puedan presentar una nueva denuncia.