Trascendieron algunos detalles del programa financiero que quiere desarrollar el gobierno para llevar tranquilidad a los mercados, en particular respecto de la solvencia para hacer frente a los vencimientos de 2009. En el Ministerio de Economía terminaron de definir que la recompra de bonos se realizará a partir de ahora a través de licitaciones. Al mismo tiempo, se ideó un nuevo esquema para que el Banco Nación, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, le preste al sector público, pero sin que sea necesario modificar la Carta Orgánica de la institución (de difícil aprobación en el Congreso).
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Hasta ahora, las recompras se hicieron directamente a través del mercado secundario. Quienes posean los títulos deberán presentarse para ofrecer a qué precio están dispuestos a desprenderse de los mismos. Desde el gobierno aclararon que, de manera paralela, continuarían las operaciones que se vienen desarrollando en el mercado secundario.
Al mismo tiempo, el objetivo oficial es darle más transparencia a esta transacción, ya que se conocería con exactitud a qué precio fueron recomprados los títulos, algo que no sucede en la actualidad. Se procura, al mismo tiempo, poner en marcha un esquema de operaciones previsible y que en el mercado puedan conocer con mayor exactitud de qué manera se desarrollarán estas recompras.
De manera paralela, continuará la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. Ya está decidido recurrir a un porcentaje de los depósitos que el sector público mantiene en el Banco Nación (ascienden a unos $ 30.000 millones). Pero la novedad es que la Secretaría de Hacienda le entregaría un aval a la institución como garantía por los créditos que se le otorguen al Estado. En otras palabras, el gobierno se estaría garantizando a sí mismo. Se supone que el auxilio financiero sería sobre todo para gastos de capital (es decir obras de infraestructura) o directamente para pagar deuda. Como la nueva cláusula dispondrá que puede prestarse 30% del total de los depósitos del sector público, los fondos disponibles rondaríanlos $ 10.000 millones. Esta modalidad de habilitar créditos para el sector público, pero recibiendo a cambio un aval (podría tener la forma de un pagaré) de Hacienda, evita que se modifique la Carta Orgánica de la institución, sobre todo porque resultaría difícil su aprobación legislativa. La misma prohíbe taxativamente que se financie a reparticiones públicas. Se imitaría prácticamente el esquema que hoy utiliza el Ministerio de Economía para apropiarse de los superávit de otros organismos oficiales, como la AFIP, la ANSeS o Lotería Nacional.
Por otra parte, comenzaron las reuniones en Jefatura de Gabinete con representantes de la banca local para ir preparando el terreno de lo que serán las futuras colocaciones de deuda. Luego de varios meses fuera del mercado, la intención es volver a colocar títulos sobre todo entre AFJP y compañías de seguro, a las que se sumarán, en una segunda etapa, los bancos privados. Claro que para que se avance con el refinanciamiento (o roll-over, en la jerga financiera) que se producirán en el último trimestre de 2008 y la primera parte de 2009 primero será necesario que aumente más el precio de los bonos y el riesgo-país baje hasta niveles más cercanos a los 500 a 550 puntos básicos, algo improbable por el momento.
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