7 de mayo 2008 - 00:00

El gobierno sigue buscando socios para Aerolíneas

Ricardo Jaime
Ricardo Jaime
Anoche llegó al país Gonzalo Pascual, uno de los dos dueños del Grupo Marsans, que es propietario de 94,9% de las acciones de Aerolíneas Argentinas, situación que seguramente se modificará en cuanto el gobierno encuentre un candidato potable para comprarle parte de ese paquete accionario.

El arribo del empresario, sin embargo, no prenuncia una aceleración del acuerdo: su presencia en Buenos Aires estaba prevista -como cada semana- para participar de la reunión del comité de gestión de la aérea que se realiza todos los jueves.

Lo único cierto es que, al menos hasta anoche, no había novedades sobre la venta de la empresa, a pesar de que algunas versiones llegadas desde España hablaban de un «preacuerdo» o de un «memorando de entendimiento» ya firmado.

«Hasta ahora ni siquiera hemos recibido un llamado de los que ustedes los periodistas dan como interesados en entrar a la empresa», dijo a este diario una alta fuente de Aerolíneas. Ese supuesto interesado -el único que permanece en pie, al menos en las versiones que emanan de la Secretaría de Transporte- es Juan López Mena, dueño de Buquebús.

Sin embargo, tal como informó ayer Ambito Financiero, harán falta cerca de u$s 400 millones para volver a «poner en valor» a la compañía, y un largo lapso antes de que vuelva a recuperar rentabilidad. Por eso, se habla de que López Mena será quien encabece un grupo más amplio de empresarios privados que comprarán parte de Aerolíneas; sin embargo, el mayor aporte de fondos deberá provenir de las arcas del propio Estado nacional.

  • Valor

    Otra cosa que habrá que determinar es cuánto vale la empresa; para eso, y una vez que se firme el acuerdo con el gobierno y los futuros accionistas, se hará un «due dilligence». Ese trámite será sin dudas un galimatías por las deudas que acumula la aérea (se habla de hasta u$s 400 millones, pero nadie conoce la cifra a ciencia cierta afuera de la compañía, y ésta no da datos), la puesta a punto que deberá hacerse de toda su flota, los contratos caídos con proveedores que van desde las petroleras hasta los remises que transportan al personal y quienes alquilan los filmes que (ya no) ven los pasajeros en los vuelos internacionales.

    Y como en una casa de reality show, algunos participantes que habían sido excluidos vuelven a ingresar: ayer sonó fuerte el rumor de que el Grupo Plaza -de la familia Cirigliano- habría sido contactado nuevamente por el secretario de Transporte Ricardo Jaime para pedirles que se reincorporen a la lista de interesados. Una fuente de ese grupo negó conocer esa gestión pero no descartó que « podamos formar parte, pero en un porcentaje muy minoritario, de algún grupo de empresas nacionales que compren parte de Aerolíneas. Como dijimos hace algunos días, la situación es muy dinámica y se modifica todo el tiempo. Pero hoy no hay nada».

    De todos modos, la pretensión de Marsans es mantenerse como la primera minoría privada; según el esquema al que aspiran llegar los españoles, el Estado aumentaría su participación a 20%, algunas provincias comprarían 5% y los empleados recibirían otro 5% -que pagaría el gobierno-. Del restante 70% que permanecería en manos privadas, Marsans quiere 51%; en términos absolutos equivale a 35,7% del total de acciones; los socios locales recibirían, entonces, 34,3%, pero con la certeza de que conducirán la compañía.

    En este panorama, lo más probable es que Aerolíneas pase a ser manejada desde el despacho de Jaime, a quien apoya básicamente el gremio de los pilotos (APLA), cuyo secretario general Jorge López Tamayo y su segundo Pablo Biró declararon ayer a varias radios que « nacionalizar Aerolíneas Argentinas será bueno para el servicio, siempre y cuando haya inversión y gestión. No conocemos a la parte que va a comprar 60 por ciento (sic), pero si quiere intervenir en este negocio va a tener a los trabajadores de su lado, siempre y cuando inviertan y gestionen para una empresa mejor». En otras palabras, casi una garantía de «paz social» para los nuevos gerenciadores, algo que a los españoles nunca se avinieron a concederles.
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