El Senado convirtió en ley la estatización de las AFJP
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Comenzó la sesión con 57 legisladores presentes.
Sus aportes acumulados suman unos 90 mil millones de pesos, a los que hay que agregar unos 15 mil millones de contribuciones anuales que pasarán a ser administrados por la ANSeS.
Este es uno de los aspectos más cuestionados de la nueva ley, ya que la oposición denuncia que ese organismo no tiene la capacidad técnica para manejar esos recursos.
Además, señalan que el Gobierno podría recurrir a esos fondos para atender obligaciones de otro tipo, como el pago de la deuda externa, que el año próximo tendrá importantes vencimientos.
En el marco de la ola neoliberal imperante la década pasada, el gobierno de Carlos Menem alentó la creación de cuentas privadas de capitalización, que hoy muy pocos legisladores defendieron, pues incluso, mucho de los senadores que se opusieron lo hicieron cuestionando el articulado de la ley, haciendo la salvedad que estaban a favor de un sistema estatal.
La defunción de esa ley se produjo sin la presencia de su mentor, ya que el ahora senador Menem se encuentra con licencia médica y no asistió a la sesión.
Este cambio de paradigma tuvo un matiz paradójico, ya que uno de los miembros informantes por la mayoría fue el senador kirchnerista Julio Miranda, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión, quien admitió que fue uno de los legisladores que la década pasada votó a favor del sistema de jubilación privada.
"Reconozco con mucha sinceridad que voté ese cambio, creyendo que íbamos a conseguir el financiamiento del sistema previsional, pero sucedió todo lo contrario", admitió el legislador por Tucumán.
Miranda agregó que "las propias AFJP reconocen que no se cumplió el anhelo" de lograr mejores jubilaciones con el mecanismo de las cuentas individuales de capitalización, y aseveró que con la vuelta al sistema de reparto se busca "dar seguridad y tranquilidad a los trabajadores"
También el jefe de la bancada justicialista, Miguel Angel Pichetto, reconoció que "nuestro partido se equivocó" al impulsar las jubilaciones privadas.
A su vez --también defendiendo el dictamen de la mayoría--, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el correntino Fabián Ríos, aclaró de entrada que el oficialismo no permitiría cambios al proyecto.
Ríos dijo que "se haya hecho con buena o mala intención, evidentemente el sistema privado fracasó", y pasó a refutar los argumentos con que se instauró.
Afirmó que no se cumplió el anuncio de que iba a aumentar la cantidad de aportantes por el supuesto mayor interés de los trabajadores en aportar a sus cuentas individuales.
Agregó que al 77 por ciento de quienes se jubilaron por el sistema de las AFJP el Estado debe contribuir para que lleguen a cobrar el haber mínimo, y que eso le cuesta al fisco cuatro mil millones de pesos anuales.
Ríos cuestionó también a las AFJP porque en la Argentina cobraban las comisiones más altas" de entre todos los países donde hay sistemas de jubilación privado, y las acusó de ejercer "fuertes lobbies" en contra de los proyectos que se presentaban para bajarlas.
Asimismo, dijo que ese sistema fue diseñado "para países con economías desarrolladas y con personas con ingresos altos", tras lo cual indicó que "fracasó en toda Latinoamérica".
Además, señaló que "este es el momento apropiado" para la eliminación de las AFJP, pues este año las cuentas individuales sufrieron "una pérdida del 20 por ciento", y que había que tratar de preservar el valor de esos ahorros.
Ríos afirmó luego que "el Estado tendrá potestad sobre los fondos" que administraba las AFJP, y rechazó las críticas a esa injerencia estatal.
El titular del radicalismo, el senador Gerardo Morales, defendió el proyecto alternativo que presentó la UCR, y cuestionó la magnitud de los fondos que dispondrá la Anses, al señalar que ese organismo "no está preparado para ser el gran Fondo Monetario Nacional", al indicar que "deberá administrar 200 mil millones de pesos".
Por su parte, el jefe de esa bancada, Ernesto Sanz, advirtió que el proyecto constituye "una confiscación" de las cuentas individuales, y que "así lo interpreta la sociedad".
"Para la sociedad hay confiscación, la gente lo interpreta con un olfato más fino que los juristas, por todo lo que vivió en los últimos años", señaló Sanz, quien fue el primer opositor en hacer uso de la palabra en la sesión en la que se debate esa iniciativa.
Explicó además que ante esa situación "la gente reacciona sacando siete mil millones de dólares del país".
Sanz sostuvo además que "existe un peligro de default del Estado", y que por eso el Gobierno hace esta reforma previsional.
"Fracaso el plan A, y este es el Plan B para financiar al Estado", afirmó Sanz, quien aclaró que "hubiéramos aceptado gustosos un debate en serio sobre el sistema previsional y la cuestión de financiar el Estado", pero que éste no es el método adecuado.
Sanz se refirió elípticamente luego a la admisión del senador Miranda, de que cometió un error al votar en su momento la instauración del sistema de las AFJP, al destacar la "coherencia" del radicalismo, al recordar que esta fuerza siempre estuvo en contra de las administradoras privadas.
El senador mendocino cuestionó también que la Anses maneje los recursos que le transferirán las AFJP, ya que "no tiene la formación profesional" para invertir esos fondos.
Sobre los discursos de los legisladores radicales, el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, los criticó diciendo que al rechazar el proyecto "se perdieron la oportunidad de mantener una coherencia histórica".
Cuestionó asimismo "la memoria frágil de los argentinos", ya que nadie recordó en el recinto la responsabilidad que tuvo en este tema el ex ministro Domingo Cavallo, quien "provocó un daño irreparable, y atravesó dos gobiernos, el nuestro y el del presidente Fernando de la Rúa".
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero, justificó su voto negativo diciendo que esta ley "constituye una apropiación de los fondos de la gente", y denunció que actualmente se vive una situación de "default previsional encubierto".
Expresó que no quiere defender a las AFJP, pero sobre la caída del valor de las cuentas de capitalización puntualizó que en la Argentina "todo ha perdido valor, incluso la casa de cada uno de nosotros".
Asimismo, como otros legisladores, reclamó que se le devuelva a las provincias el 15 por ciento de los recursos coparticipables que transfieren al sistema jubilatorio nacional.
La bussista tucumana Delia Pinchetti, a su vez, se sumó a los cuestionamientos, diciendo que la gente teme "al avasallamiento y saqueo" de sus aA018 n fportes previsionales.
A su vez, el renovador salteño Juan Pérez Alsina se preguntó "si es tan malo el sistema privado y tan bueno el estatal", y respondió que "depende como se lo administre", y propuso que se estudie una "amplia reforma de ambos sistemas".




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