El temor de Cardoso: que, como en Argentina, vengan incompetentes

Dos escuelas económicas se disputan la interpretación de la histórica catástrofe que sufre la Argentina desde el año pasado. Ambas son capitalistas sin vueltas, ambas son partidarias de la estabilidad monetaria y del libre comercio internacional, y hasta la formación intelectual y profesional de sus principales miembros es similar.

Una de las escuelas, la «fiscalista», sostiene que el germen de la catástrofe fue inoculado en la década de 1990, en la forma de un aumento virtualmente explosivo del gasto y de la deuda del sector público. Esta escuela argumenta que el aumento del gasto, financiado en buena parte con fondos del exterior, bajó el tipo real de cambio e hirió de muerte a las exportaciones, y que cuando se acabaron los fondos externos el Estado absorbió los fondos del mercado local de capitales (bancos y AFJP) y así condenó a la economía argentina a una continua recesión a partir de 1998.

La otra escuela, la «monetarista», según la definición que usan los fiscalistas, sostiene que el factor más responsable de la catástrofe ha sido la ineptitud que caracterizó al gobierno de la Alianza, de la Alianza & Cavallo y de Duhalde; que la causa ha sido la mera incompetencia profesional de gobernantes que ignoran cómo funciona el mundo y una economía como la argentina, tan sensible a los cambios de portafolio y de memoria hiperinflacionaria.

El punto clave de la discrepancia es la evolución del gasto público consolidado en la década de la convertibilidad (1991-2000), pues según la visión fiscalista todo lo demás es apenas una consecuencia. Los primeros dos gráficos muestran la trayectoria de la medida más ambiciosa del gasto: administración nacional + provincias + municipios + jubilaciones + intereses de la deuda, sobre la base de datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía en «Caracterización y Evolución del Gasto Público Social» (2001). El primer gráfico ilustra la trayectoria del gasto expresado en pesos o en dólares corrientes, y el segundo informa sobre la trayectoria del gasto como proporción del PBI.

Una primera conclusión salta a la vista. El gasto público primario creció mucho durante la convertibilidad, de $ 48.000 millones por año en 1991 a $ 83.000 millones en 2000, es decir, 73%. En tanto que el gasto consolidado (primario + intereses) subió todavía más, de $ 51.000 millones por año en 1991 a $ 95.000 millones en 2000, es decir, 86%. La factura de intereses de la deuda se cuadruplicó en la década.

• Contexto

Entonces, los fiscalistas tendrían la razón. Pero, ¿qué sentido tiene evaluar la importancia del fenómeno sin ponerlo en el contexto apropiado? ¿Qué validez tienen las conclusiones sobre el atraso cambiario debido al gasto público cuando se pasa por alto el crecimiento del PBI nominal, que es la torta de la que salen los impuestos que lo financian y que engloba los recursos por los que compiten el sector público y el privado? Estoy diciendo algo obvio; sin embargo, rara vez los miembros de la escuela fiscalista hicieron alusión a este aspecto decisivo del fenómeno. Pues bien, el gasto primario creció durante la convertibilidad de 29,0% del PBI a 29,3%, es decir, nada. En tanto que el gasto consolidado (primario + intereses) subió de 31% del PBI a 33,6%, es decir, dos puntos porcentuales y medio. Saltan a la vista dos contraconclusiones:

1º) El gasto consolidado como porcentaje del PBI no explotó ni mucho menos; aumentó un poco en el bienio 1998-'99 sobre todo a raíz de la recesión que achicó el denominador del cociente.

2º) El gasto primario, el que esconde a los «ñoquis» y la eventual corrupción, se mantuvo, en cambio, constante como proporción de la torta. La explicación de este comportamiento es que el PBI también subió mucho durante la convertibilidad. En parte, por la inflación residual inherente a toda estabilización monetaria exitosa, y en parte por el crecimiento real que promovió el mismo clima de estabilidad.

• Recesión

De modo que la escuela fiscalista no tiene razón en este aspecto clave de su argumento. Con respecto a la evolución supuestamente explosiva de la deuda pública, le asiste alguna razón. En los buenos años de la convertibilidad, cuando la economía argentina crecía con fuerza y se canjeaban empresas estatales por papeles de la deuda, ésta rondaba 35% del PBI. Pero la rápida sucesión de shocks externos negativos (Asia, Rusia, Brasil) y la natural incertidumbre de la transición presidencial de 1999 determinaron una prolongada recesión. Así aumentó el numerador del cociente por las necesidades de endeudamiento y bajó el denominador por la recesión, y la deuda saltó a 46 por ciento del PBI en 2000. Esta proporción no es alta para un país europeo, puede ser alta para un país de historia volátil y es definitivamente alta para un país de historia volátil que había quedado a cargo de un gobierno inepto. Sobre todo, si le agregamos el euro, la pérdida de independencia del Banco Central, las imprudentes rebajas de encajes bancarios y la apropiación de reservas internacionales para cubrir el déficit fiscal. La alta deuda era ya un motivo de preocupación; los manejos monetarios de 2001 colmaron el vaso. La corrida bancaria en tal contexto fue inevitable y terminal.

El gran error económico de la administración Menem fue no haber previsto que debía dejar un país a prueba de incompetentes. Dicho error está hoy expuesto a la luz del día para quien lo quiera ver. El presidente Cardoso ya lo ve y presiente el destino de Brasil en caso de una victoria electoral de Lula el próximo octubre. Cardoso sabe de qué habla: la deuda y el gasto brasileños son más altos que en la Argentina en 1999 y Lula preside una coalición progresista que no sabe cómo funciona una economía globalizada.