La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto que les permitirá a la Nación, las provincias y los municipios gravar con impuestos el uso del espacio aéreo, el suelo y el subsuelo que utilizan las empresas de telefonía y televisión por cable, entre otras, para el tendido de sus cableados, algo que hasta ahora estaba exento de cualquier tipo de tributo. La idea no es nueva: durante el gobierno de Fernando de la Rúa se votó una ley similar -bajo presión de los intendentes de todo el país que incluso llegaron a tomar el Salón de Pasos Perdidos para presionar a los diputados-, pero luego el Presidente la vetó.
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Si se toma el hecho como una intervención del Estado al gravar una actividad que estaba exenta en los pliegos de concesión por lo que se privatizaron algunos servicios, las consecuencias pueden ser serias. Y vuelve, como en el gobierno de De la Rúa, el debate sobre un posible aumento en las tarifas de telefonía o cable, si esas empresas deciden trasladar a los usuarios los mayores costos.
Pero esta ley es más dura con las empresas que la sancionada y vetada hace tres años y medio. En ese momento, se fijó taxativamente el porcentaje máximo de impuesto que los municipios, sobre todo, podían cobrarles a las empresas por el uso del cableado. Esta versión no incluye ese límite, por lo que cada intendente, de aprobarse el proyecto en el Senado, podrá cobrar el monto que considere conveniente a cada empresa que utilice espacio municipal para transportar su señal.
Así, ese proyecto de la era De la Rúa establecía que las empresas podían usar el suelo, subsuelo y espacio aéreo nacional, provincial o municipal para el cableado y que esa utilización estaba exenta de gravámenes. Ayer se eliminó esta última parte, dejando abierta la posibilidad de aumentar los ingresos de las intendencias de todo el país.
