El gobierno creará hoy, por decreto, una Comisión de Expertos para reformar el régimen previsional y buscarle una solución definitiva a las jubilaciones de privilegio. Durante un acto que se realizará por la mañana en la Casa de Gobierno, el presidente Eduardo Duhalde firmará el decreto que dispone la conformación de la Comisión, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, y se encargará de consensuar una reforma del sistema previsional.
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Según pudo saber Ambito Financiero, una de las propuestas que ya se están analizando, es la aplicación de un impuesto a las jubilaciones de privilegio, medida impulsada por el abogado de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Como no se puede legalmente derogar estas jubilaciones, porque se consideran derechos adquiridos, se les aplicaría un impuesto de 1% mensual. Y para los beneficiarios que aún no hayan cumplido la edad jubilatoria, se les aplicaría además un tributo de 1% anual en el monto que le reste cobrar hasta o bien cumplir los 65 años o bien cumplir con los 30 años de aportes necesarios.
La comisión estará integrada por 14 especialistas en seguridad social. Los técnicos del Ministerio de Economía, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y la Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, también darán asistencia técnica a la comisión.
Si bien no existen precondiciones establecidas, se espera que la comisión alcance «antes que concluya el año» un consenso sobre una reforma del sistema previsional, que contemple las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, así como los regímenes provinciales o los de pensiones no contributivas.
El decreto a firmar por Duhalde establece que la Reforma Previsional deberá «garantizar la protección social contra las contingencias que afectan la seguridad familiar, la capacidad de trabajo y el retiro decoroso, en una normativa orientada a un sistema de protección integral que garantice una mayor cobertura y satisfacción de la población, y preserve el carácter público del sistema».
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