Empiezan a privatizar la DGI: bancos controlarán los aportes patronales
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Las entidades pasarán a tener desde enero mayor peso en el control de los aportes, contribuciones patronales y retenciones que realizan las empresas y que deben derivar a la DGI. También serán las encargadas de distribuir los fondos depositados por estos conceptos entre los distintos organismos: AFJP, ART, obras sociales, ANSeS y a la propia DGI (por ejemplo, por la retención de Ganancias).
Además ayer quedaron firmes otros tres puntos de la propuesta laboral del gobierno ante el FMI: la reforma previsional será definitivamente un proyecto de ley, la polémica reforma laboral podrá demorar hasta el bien entrado 2001 para reglamentarse y el decreto de desregulación de las obras sociales está ya a la firma del Presidente, aunque ayer se seguía discutiendo. La base del proyecto original de registro único que se presentará hoy es que las empresas sólo deberán completar un formulario para contratar un emplea do.
Pero además habrá en el texto del decreto un valor agregado: no sólo se creará el Formulario Unico sino que además se implementará una sistema por el cual las empresas dejarán de ser los agentes de retención correspondientes a sus empleados, tarea que pasarán a cumplir los bancos en los cuales los empleadores depositan los salarios de sus trabajadores.
Sobre la reforma laboral y luego de la larga presentación de Bullrich del proyecto de «Simplificación registral» (el nombre oficial del decreto), quedó la sensación en la gente de Trabajo que ahora se le permitirá al gobierno demorar hasta bien entrado 2001 la reglamentación de la reforma laboral. Se piensa dentro del Ejecutivo que entre mayo y julio del año próximo la imagen desgastada del proyecto estará algo olvidada y que puede ser el momento de volver sobre los pasos originales.
Otro tema que quedó definido en el encuentro de ayer entre Bullrich y Reichman es que la reforma previsional (que reduce el pago de jubilaciones) será finalmente un proyecto de ley y no un decreto de necesidad y urgencia. Según la ministra esta vía «garantizará la seguridad jurídica del proyecto», cuestión en la que, según Bullrich, «coinciden los enviados del FMI».



