El gobierno tiene prácticamente cerrado el balance de los primeros operativos contra el trabajo en negro, que efectuaron en conjunto los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Alberto Abad y del Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada. Según los datos que serían presentados por el gobierno esta semana, entre 37% y el 40% de las empresas inspeccionadas (en su mayoría medianas y grandes sociedades) tendría algún tipo de irregularidad en sus trabajadores. Incluso dentro de este porcentaje, 50% se trataría de la existencia de empleados sin ningún tipo de registro o papeles en orden. En un nivel menor, se encuentran fallas por pagar parte del salario «en negro» y por tener empleados sin el «alta temprana» obligatoria.
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Ayer en la Casa de Gobierno, y con estos datos sobre la mesa, se especulaba con presentarlos en una conferencia de prensa similar a la que se efectuó hace dos meses, cuando se lanzó este programa de controles.
Según los datos oficiales, los sectores donde mayor número de problemas habría son los rubros gastronómico, comercio en general y construcción.
La AFIP quiere, en realidad, esperar para aplicar multas por la falta de aportes previsionales a que se apruebe el paquete antievasión, que podría ser tratado hoy en el Senado. En esas modificaciones, se incrementan las multas por evasión de este tipo, pero además se las relaciona con fallas en los pagos de IVA o Ganancias.
