En cinco días la Casa Blanca y el Senado acordaron un histórico paquete de 2 billones de dólares (10% del PBI) para frenar el desastre que provocaría el coronavirus a la economía. La ayuda equivale a 6 ½ PBI argentinos. Si se suman las medidas de la Fed se podría hablar de u$s 6 billones en estímulos (equivalentes a 19 PBI argentinos).
Gestionando la pandemia económica argentina
Si la situación es inédita, no podrá gestionarse con medidas convencionales. La pobreza (UCA) puede tocar 50% en un par de semanas. El Estado Nacional tiene que “comprar vidas humanas” y pagarlas a plazo. El monto de ayuda como porcentaje del PBI no debería ser inferior a 10%. Los beneficios del esfuerzo país se verán en el mediano y largo plazo. La conservación de patrimonios privados solo es posible si el PBI no sigue cayendo y los consumidores no mueren. En la lógica del sistema, sin consumidores no hay productores.
Un (trade off). “Vidas hoy”, por “negocios mañana”. Deben extenderse una serie de medidas aparentemente desfavorables (en el corto plazo), pero que constituyen una inversión, al evitar la quiebra generalizada que sobrevuela al país con la pérdida de activos librados a la mano invisible.
En la Argentina de hoy las empresas no valen casi nada. Pero pueden empeorar. La valuación de empresas por flujo de fondos descontados lo demuestra (DCF sigla en ingles).
Batería de circulares del BCRA que lucen imprescindibles para:
- Suspender el fondeo con depósitos locales o redescuentos del BCRA a bancos de origen extranjero. Los mismos deberán fondearse con sus casas matrices hasta que pase la pandemia.
- Demorar por 90 días los créditos a empresas de capital extranjero, las cuales podrán fondearse con sus casas matrices en el exterior. Todas las empresas de capital extranjero podrán preservar su carácter nacional, poseyendo el 51% del paquete accionario.
- Detener los envíos de regalías y remesas de utilidades hasta el levantamiento de la declaración de la pandemia.
- Ofrecer un canje compensatorio (promediando las utilidades obtenidas) de la totalidad de LELIQ con un bono en pesos a 360 días de plazo, que no devengue intereses, ni pueda computarse como efectivo mínimo.
- Suspender hasta su reformulación el otorgamiento de líneas de prefinanciación y financiación de exportaciones del complejo agroexportador alimenticio (exceptuando los productos finales terminados). Las empresas exportadoras extranjeras deberán fondearse con sus casas matrices del exterior. Para las empresas argentinas con filiales en el exterior, o empresas off shore, rige la misma suspensión que para las extranjeras.
- Hacer caducar el impuesto al turismo (30%) inmediatamente, dada su irrelevancia actual. Se aprovecha la oportunidad para unificar el tipo de cambio, con diferenciales de retenciones y reembolsos a las exportaciones industriales.
- Mantener o reforzar todos los mecanismos de restricción cambiaria y de movimiento de capitales.
- Reconciliar mediante un aporte patriótico a bancos y usuarios de tarjetas de crédito. (Por el abuso de tasas de hasta 220% cobradas en 2019). Los bancos podrían financiar en forma voluntaria (a “tasa cero”) los tres próximos vencimientos plásticos pagaderos en abril, mayo y junio; en 12 cuotas sin interés. La alternativa debería ser nacionalizar los depósitos y créditos bancarios por 120 días. Mientras tanto…
- Promover una nueva Ley de Entidades Financieras, enviada desde el PEN para ser aprobada por el Congreso de la Nación que cambie el espíritu original de la Reforma Financiera de 1977. Como es obvio, luego de 43 años de vigencia estas Leyes iniciales han fracasado. La tasa de ahorro sigue siendo muy bajas, y el volumen de crédito es igual o menor que antes de la sanción de la Ley 21.495 (de descentralización de los depósitos) y Ley 21.526 (de entidades financieras), sancionadas y promulgadas por el presidente Jorge Rafael Videla con la firma del ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz y del Contralmirante Julio A. Gómez.
Más medidas corrientes de emergencia
- Fabricar y exportar respiradores. En concordancia con la visión de Donald Trump para GMAC de EE.UU., el Gobierno Nacional debería pedirle a la subsidiaria de Argentina que comience en el país la fabricación y exportación de respiradores.
- Expropiar preventivamente en base a dictámenes específicos las empresas constructoras que hayan constituido carteles o cometido delitos de cohecho
- Formar un holding de empresas constructoras expropiadas por el Estado. Las empresas seguirían funcionando en forma independiente y, si al finalizar los juicios no se comprueban hechos de corrupción ventilados, podrían ser restituidas. Caso contrario, podrían salir a la oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pasada la pandemia.
- Nacionalizar la obra pública transitoriamente para alinearla a los intereses de recuperación económica junto a la reconstrucción de Vialidad Nacional.
- Instaurar 30% de impuestos al alquiler de campos para siembra por los próximos cuatro años, deducibles de impuesto a las ganancias.
- Argentinizar empresas fallidas o con crisis de liquidez. El Estado podría tomar las acciones en concepto de garantías de deudas. Luego de la recuperación podrían ser ofrecidas públicamente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estimulando un mercado de capitales atomizado para inversores.
- Nacionalizar empresas en marcha. Dada la actitud del grupo economico propietario que acaba de despedir 1.450 personas de su empresa constructora, podría considerarse además de la nacionalización o expropiación de la constructora sospechada de corrupción, junto con la recompra o devolución de SOMISA al precio de compra de la privatización más los intereses correspondientes.
- Otorgar un diferimiento solidario por 180 días sin intereses a los proveedores del Estado. La alternativa es una medida unilateral.
- Caucionar. Las empresas que estén en situación de extrema iliquidez, recibirán prestamos con caución de acciones o venta, con opción de recompra.
- Legislar. Debería enviarse al Congreso un impuesto a la herencia de activos o sociedades en el país y el exterior por única vez, mayores a un millón de dólares.
- Gravar al doble-por única vez- la última alícuota aplicada a los bienes declarados en el exterior cuyos propietarios residentes argentinos hayan decidido no repatriarlos.
- Suspender beneficios fiscales durante 2020 a las empresas mineras.
- Destinar el 100% del superávit comercial a aumentar las reservas, con el objeto de respaldar la expansión monetaria y el aumento del gasto público.
- Incorporar a las empresas alimenticias formadoras de precios un director externo (sin voto en el directorio, pero con voz). Este funcionario informaría al ministerio de economía y el de producción, todo lo relativo a precios, costos y abastecimiento para asegurar la equidad entre ganancias y suministros
- Congelar en 2020 tarifas, tasa de interés testigo previamente fijada y rebajada por el BCRA para préstamos vigentes, alquileres y precios que afecten el bienestar general durante la pandemia.
- Abastecer desde el Mercado Central (sin intermediarios) alimentos y bebidas a los 10.000 comedores que administra CTEP y organizaciones similares, facturando el organismo directamente al Estado. El Sindicato de Camioneros aseguraría el abastecimiento y trabajo del gremio y, a su vez reactivaría la actividad de las empresas de su gremio que se encuentran en grave estado.
- Suspender los despidos hasta la declaración del fin de la pandemia, con retroactividad al 9 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso.
- Otorgar a los trabajadores informales, autónomos y monotributistas cuatro meses de sueldo mínimo.
- Condonar deudas fiscales y previsionales a pymes, trabajadores y profesionales autónomos y monotributistas.
- Re empadronar trabajadores informales a la previsión con amnistía de deuda de las pymes y los trabajadores que declaren la situación y comiencen los aportes a partir de los próximos 90 días.
- Incorporar a las empresas grandes y medianas que sean beneficiadas con ayuda un director del Estado y, un director trabajador de la empresa designado por el Sindicato
- Capitalizar. No habiendo dólares para pagar al exterior, se permutan las deudas externas privadas por aumento capital (capitalización de deuda externa). Podrá hacerlo la propia empresa con su casa matriz, o canjear por acciones a los bancos acreedores. Luego estos podrán ofrecerlas a través de banca de inversión o si tienen departamentos de M&A.
- Recalcular en el marco legal de la Ley de sustentabilidad de la deuda, los flujos “post pandemia” que aseguren el cumplimiento de la Ley sancionada.
- Debatir y votar una Ley que exprese la renuncia lisa y llana del Estado a efectuar reclamos por embargos bancarios sobre dinero privado de residentes argentinos en el exterior en cuentas o inversiones en activos (sin declarar en la Argentina). Los fondos provenientes podrán aplicarse a cancelaciones parciales de deuda pública, ya que son producto de la evasión.
- Instruir y poner a la AFIP a disposición de cualquier entidad financiera que requiera información para los fines del punto anterior.
- Solicitar embargos preventivos en aquellos casos donde las administraciones (desde el presidente de la Nación, ministros hasta directores) hayan realizado transferencias al exterior, aumentado sus patrimonios de un modo inusual o autorizado transacciones pasibles de sanciones por corrupción.
Magister en Economía y Política Económica Internacional y profesor en UADE, CEO y co-fundador en 1993 del Grupo Hacer.
Dejá tu comentario