En el primer día de campaña, la Casa Rosada decidió ir fuerte contra Roberto Lavagna, oportunista admirador político de Mauricio Macri luego del contundente triunfo del presidente xeneize en el distrito porteño. El Ministerio de Economía decidió pedir hoy en el juzgado de Sergio Torres la indagatoria del equipo jurídico de Lavagna que intervino en el trámite que terminó en el frustrado pago de unos 600 millones de pesos a los herederos del Grupo Greco.
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El ministerio de Felisa Miceli avanzará contra los lavagnistas en base a una auditoría realizada por el procurador del Tesoro de la Nación, en el que -entre otras cosas-se destaca que «el rol cumplido por la representación letrada (de esa época, se entiende) ha sido paupérrimo».
Señala que esa calificación -y la consecuente responsabilidad-también «debe hacerse extensiva a los niveles de supervisión y contralor de calidad y eficiencia de la defensa judicial del Estado, en el ámbito del ministerio respectivo».
En consecuencia, la subsecretaria legal del Ministerio de Economía, Alejandra Tadei, pedirá que se llame a indagatoria de los entonces secretario legal Eduardo Pérez, el subsecretario legal Osvaldo Siseles, los directores Yolanda Eggink y Daniel García y la abogada estatal Beatriz Pernas.
Cuestionamiento
El informe del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglialmino, realiza un severo cuestionamiento a la legitimidad del proceso judicial del caso Greco.
La auditoría confirma que en su resolución del 28 de diciembre de 2001, el juez Soto no condenó al Estado a pagar suma alguna al Grupo Greco, sino que estableció que «las indemnizaciones de daños y perjuicios» por el cumplimiento imposible de los convenios de Raúl Alfonsín debían determinarse en cuanto corresponda a cada parte -al Estado y al grupo-en la medida en que pueda probar la responsabilidad de la otra.
La pretensión indemnizatoria de los Greco fue de casi 600 millones de dólares que el Estado rechazó a través de la gestión de la abogada María Martínez. La letrada consideró que era «carente de fundamento legal alguno, y de monto ilegítimo, ilegal y abusivo». A la vez que reclamó por los incumplimientos de las obligaciones que habían quedado a cargo de los Greco, cuantificándolosen cerca de 550 millones de pesos, a propósito de lo cual la causa se abrió a prueba como correspondía.
Hizo hincapié en el cambio registrado en el trámite a partir del ingreso en representación del Estado de la doctora Beatriz Pernas, designada al efecto por el secretario legal de Lavagna, Eduardo Pérez, que «sustituyó a la doctora Martínez, quien no volvió a tener intervención alguna en el juicio».
«Este momento adquiere, a criterio de estos auditores, una singular relevancia».
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