Entrará hoy en efectiva vigencia la riesgosa «ley anticorralito» en la provincia de San Luis, luego de que anoche la gobernadora Alicia Lemme firmara el decreto reglamentario. De esta manera se abre el período para que los ahorristas exijan a los bancos radicados en San Luis la restitución de «los depósitos colocados en plazo fijo, a la vista o en cualquier modalidad» con la posibilidad de que las partes negocien la devolución de los depósitos atrapados en el denominado «corralito» financiero.
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El polémico decreto determina que los ahorristas «deberán intimar en forma fehaciente» a partir del 27 de mayo a las entidades financieras, ya sea en el domicilio en que se hizo la operación o si no fuera posible en la casa central, para que dentro de los 30 días hábiles se dé cumplimiento al reintegro.
En ese período las partes podrán pactar la modalidad de devolución. De no llegarse a un acuerdo en ese lapso, el titular del depósito tendrá 20 días hábiles para poner en conocimiento del Ministerio de Economía local los antecedentes.
Una vez acreditada esa situación la cartera económica deberá correr vista a la Comisión Bicameral (creada a este efecto) y podrá pedir informe a las entidades financieras, tienen que responder dentro de los 15 días hábiles, sobre los motivos del incumplimiento.
Como paso siguiente, si el banco no hace el descargo, el Ministerio de Economía en un período no mayor a los 30 días hábiles producirá su recomendación al Poder Ejecutivo, previa vista a la comisión bicameral, sobre las sanciones que van desde: 1) multa hasta el monto máximo del depósito; 2) presentación del proyecto de ley a la Legislatura para la suspensión, de hasta dos meses, de la autorización al banco para operar; y 3) envío a la Legislatura del proyecto de ley que revoca la habilitación para funcionar en San Luis. Las multas que se apliquen se depositarán a nombre del Ministerio de Economía en una cuenta específica y serán devueltas (o levantadas, en el caso de las sanciones) si el banco arriba a un acuerdo que atienda el interés del ahorrista. Pero indudablemente esta norma enfrenta al gobierno puntano con las entidades financieras. Es que, una vez conocida la sanción de la norma, los bancos anticiparon que «no estaban en condiciones de devolver los depósitos» y que recurrirían a la Corte Suprema de la Nación si fuese necesario para accionar legalmente contra la riesgosa decisión del gobierno que, otrora, capitaneaba Adolfo Rodríguez Saá.
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