El Estado manejaría un fondo de $ 150 millones si el Congreso de la Nación aprueba la ley de «regalías globales» que impulsa la Secretaría de Agricultura de la Nación, a cargo de Miguel Campos. Aunque dicho manejo sería compartido por entidades del campo y empresas semilleras, desde el sector privado se plantea como un riesgo que el Estado concentre la recaudación y luego distribuya los «royalties» o regalías entre las empresas que colocaron sus semillas, según un ranking de ventas.
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El nuevo esquema de pago de royalties reemplazaría al poco exitoso denominado de «regalías extendidas» que generó una «guerra de patentes» de semillas al que ahora quieren ponerle fin desde el mismo gobierno.
Como en un ring de box se enfrentan semilleros que obtienen las nuevas semillas con aplicación de tecnología ante productores-consumidores. En el marco de un contrato privado, muchos productores aceptan pagar un plus por las nuevas semillas. Otros, se niegan y aducen la vigencia de la Ley 20.247 que resguarda el «uso propio» para cada productor. Ambos tienen razón. Los semilleros, en tanto, sostienen que si no pueden cobrar dichos royalties dejarán de vender las nuevas semillas. El caso más emblemático, es el de Monsanto que dejó de vender en la Argentina semillas de soja por este motivo no asumido públicamente.
En medio de esta «guerra de patentes» de semillas, una entidad como ARPOV, que nuclea a las grandes empresas obtentoras, acudió a la Justicia para controlar explotaciones agrícolas. Ya en su momento, las entidades del campo salierona oponerse a los controles sobre los agricultores que habían comenzado a instancias de los criaderos de semillas, «realizados con actitudes intimidatorias, equivocando los verdaderos infractores de la ley, el comercio marginal», dijeron. El proyecto de ley que permitirá al Estado volver a manejar un fondo se generará, a partir de lo recaudado por un gravamen aplicado a la primera venta de semilla. Se habla de 0,5 por mil aplicado sobre la primera venta y un cálculo preliminar de la Sociedad Rural Argentina daría una recaudación cercana a las $ 146 millones calculado sobre una producción de granos valuada en poco más de $ 34.000 millones.
Lo cierto es que el gobierno pretende simplificar el sistema de recaudación de regalías para que se generalice el uso de las semillas y todos los productores puedan acceder a las nuevas variedades.
Las entidades, que ayer se reunieron para debatir este proyecto, tienen posiciones enfrentadas. Algunos apoyan, con modificaciones, las regalías globalesque impulsa el gobierno, otros pretenderían seguir con las regalías extendidas aunque en los últimos meses las calificaron de «ilegales» en un comunicado. Los cargos en el nuevo organismo que manejaría el fondo generado por el nuevo impuesto a la semilla también traería controversia: dos entidades antagónicas habrían armado un frente común para quedarse con los dos puestos en el consejo del Instituto Nacional de Semillas (INASE) reflotado recientemente en la secretaría que conduce Miguel Campos.
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