En la Superintendencia de Seguros están analizando una propuesta para implementar un sistema de garantía para los asegurados, con el fin de evitar los daños patrimoniales producidos por las quiebras de las compañías.
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El objetivo es resarcir a las personas que han quedado sin cobrar un siniestro -sea asegurado, beneficiado o tercero reclamante- de una aseguradora que dejó de operar por revocación de la autorización de la Superintendencia.
La idea es aplicar una alícuota sobre la prima que paga el asegurado para conformar un fideicomiso que compense a los damnificados, en un negocio que factura aproximadamente $ 20.000 millones anuales.
En los últimos 25 años dejaron de operar más de 150 compañías de seguros (hoy operan más de 170). En su mayoría fueron cerradas por la Superintendencia de Seguros, en forma forzosa por causas de insolvencia económicofinanciera, o sea, por quiebra. Así, cientos de miles de personas y empresas tuvieron que afrontar, con su patrimonio o el de la compañía, reclamos de terceros o la pérdida de su patrimonio, que suponían asegurado.
En el mercado estiman que existen alrededor de 70.000 juicios contra las aseguradoras fallidas. Pero no hay datos sobre la cantidad de asegurados perjudicados o sobre el monto actualizado de los reclamos que debieron pagar.
Las principales características de la iniciativa elaborada por la Asociación de Defensa del Asegurado son las siguientes:
El sistema de garantía tendría carácter limitado porque no abarca a todos los ramos y fija un importe máximo a pagar.
La cobertura de la garantía se extiende a los seguros masivos y personales. En el caso del rubro automotor, incluye a automóviles particulares y comerciales, excluidos los transportes de carga y de pasajeros. En el ramo inmuebles, las casas y departamentos particulares, oficinas profesionales, y comercios. Mientras que el rubro personales, involucra principalmente a seguros de vida, de accidentes personales, de sepelio y salud.
Los importes a percibir por los damnificados tienen un tope para cada tipo de seguro -fijado por la «Súper»-. Se piensa en automotores hasta $ 15.000, en viviendas hasta $ 20.000, y de personas hasta $ 25.000.
El financiamiento del sistema provendría de aportes mensuales de las aseguradoras, asegurados y de la Superintendencia. En el caso de las compañías, sería el equivalente a 0,25% de las primas de los ramos incluidos, del cual la mitad (0,125%) sería trasladado a los asegurados como un mayor costo. Para la «Súper» también el equivalente a 0,25% de las primas de los ramos incluidos que saldrá de la recaudación de la tasa uniforme.
El sistema funcionará bajo la figura de un fideicomiso financiero, similar al que existen hoy en el sistema jubilatorio privado, o el régimen de fondos comunes, o el de garantía de los depósitos bancarios.
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