Ex operador de Santa Cruz complicado en caso Greco

Economía

Las alternativas del caso Greco siguen extendiéndose en el Ministerio de Economía. Mientras aún no se termina la investigación judicial, y de hecho sigue demasiado demorada en el juzgado de Sergio Torres, tanto para el gusto de la propia Felisa Miceli como para el de los radicales que denunciaron el intento de pago en el Senado, los abogados de la Subsecretaría Legal de Economía siguen ampliando las denuncias. No es sólo ya contra ex funcionarios a quienes acusan de «apurar» el pago a los Greco, sino también sobre la existencia de una «matriz» delictiva que operó dentro de esa cartera en los últimos años en distintos casos, desde la causa Meyer hasta el cobro acelerado de bonos en default.

El caso Greco comenzó con un pedido del gobierno al Congreso para autorizar un incremento de $ 1.300 millones en emisión anual de títulos de deuda. En Diputados se aprobó sin cuestionamientos, pero el radicalismo del Senado puso la lupa sobre el destino de esos nuevos bonos y bloqueó la votación hasta que no se le informara qué deudas serían canceladas con esos nuevos títulos. Las aclaraciones por parte del Ministerio de Economía no ayudaron: un funcionario, Jorge Amado, director de Deuda Pública, les envió un mail a los senadores incluyendo órdenes de pago a favor del ex Grupo Greco por $ 578 millones. Eran en pago por un juicio iniciado por incumplimiento de un acuerdo que el Estado firmó con los Greco en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por el que se le restituían fondos y propiedades en resarcimiento por los errores cometidos en la intervención de las empresas del Grupo en 1980, durante la dictadura militar.

La investigación posterior comenzó a revelar otros caminos, como la actuación de los funcionarios del área legal de Economía durante la administración de Roberto Lavagna en esa cartera. Miceli ordenó entonces declarar nulo todo lo actuado por el Estado en esa causa y presentó una denuncia penal involucrando al ex secretario legal del ministro Lavagna, Eduardo Pérez; su subsecretario legal, Osvaldo Siseles, y la directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, que había dirigido la causa Greco.

A partir de allí, la investigación tuvo dos interrogantes: la participación de los abogados de Economía en 2004 en la causa, lo que posibilitó la homologación de una deuda a favor de los Greco por $ 332 millones, cuando el Estado tenía reclamos superiores contra ellos, y en la otra punta, por qué un proyecto del Ejecutivo había llegado al Congreso ordenando pagar una deuda sospechada, pero que hasta entonces no había sido revisada.

Después de haber apurado el pedido de declaración indagatoria a los ex funcionarios de Lavagna, los abogados de Miceli presentaron una ampliación de su denuncia inicial poniendo énfasis en esa última etapa.

Tal como adelantó ayer este diario, un informe aún pendiente de publicidad de la Auditoría General destaca la actuación de Alfredo McLoughlin, secretario de Finanzas de Miceli hasta fines de 2006, frente al trámite final de esas órdenes de pago a favor de las familias Greco-Bassil.

En la ampliación de denuncia que presentaron Alejandra Tadei y Alejandro Rua ante el juzgado de Torre se enfatiza el mismo tema. Se denuncia allí que Eggink, todavía en el Ministerio, frente al reclamo de pago por parte de los abogados de los Greco, recurrió directamente a McLoughlin, «eludiendo los carriles administrativos correspondientes. Es decir, recurrió al secretario de Finanzas cuando debió haberlo hecho directamente al máximo superior del área Legales».

Cuando creció la presión de los abogados de los Greco y del juez Francisco de Asís Soto por cobrar, aplicando inclusive astreintes de $ 500 diarios por incumplimiento, Eggink, según denuncia Economía, volvió a eludir los pasos reglamentarios y recurrió nuevamente a McLoughlin, que tenía ya un control suficiente sobre la causa como para que se pidiera un prórroga para contestar en el juzgado ya que él se encontraba en el exterior.

Esa historia terminó el 10 de noviembre de 2006 -el polémico proyecto ya estaba ingresado en el Congreso-, cuando McLoughlin giró el trámite de pago a la Dirección de Administración de la Deuda Pública, que le informa al juez Soto: «El saldo de la autorización presupuestaria para la colocación de Bonos de Consolidación existente a la fecha no alcanza para cancelar la suma reclamada». Es decir, no se cuestionaba la realización del pago, sino la falta de fondos. «La inexistencia de partida presupuestaria constituye un impedimento material que se podrá solucionar cuando se cuente con la correspondienteautorización del Congreso nacional», le dijo esa dirección al juez. Se sabe que para frenar el ímpetu del juez por ejecutar la sentencia a favor de los Greco, se le recordó más tarde a aquél que había sido elevado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2007, que contempla una autorización de pago de deuda consolidada por $ 3.500 millones, suficientes para cancelar las órdenes de pago a los Greco.

Pero se le dio otra garantía al insistir con la existencia de otro proyecto -el que luego fue frenado- que fijaba un valor nominal en bonos de $ 710 millones para cancelar ese tipo de deuda. La investigación que lleva adelante Miceli intenta ahora llegar a descubrir cuántos funcionarios de su propio ministerio estuvieron involucrados en esta garantía de pago y cuál fue su participación en otros posibles ilícitos que tuvieron mecanismos similares en los últimos años.

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