Otro dato positivo se conoció ayer sobre la marcha de la oferta argentina por el default. La Justicia norteamericana rechazó la demanda de un fondo buitre -el Greylock- contra Mendoza, que a fin de 2004 había cerrado su propia propuesta a bonistas. Habían buscado en su momento trabar el canje y apuntabana embargar los pagos que hará esa provincia a quienes aceptaron su propuesta. La resolución fue contundente y a aquellos bonistas que no participaron del canje sólo les quedó la opción de intentar ejecutar la sentencia en Mendoza. Litigar allí tiene de inicio un costo de 4,5% de tasa de justicia. Además, el día que tengan una sentencia, pueden recibir -como sucede en el ámbito nacional- nuevos bonos como medio de pago. Que se haya conocido esta decisión de un juez en EE.UU. en pleno proceso de la oferta argentina es otro elemento favorable para el país ya que desalentará más a quienes aún vean atractivo el camino judicial. Paralelamente, siguió bajando más la tasa a 10 años en EE.UU.: está a menos de 4%, lo que aumenta más las chances ya de por sí elevadas de una alta aceptación.
Ambito Financiero tuvo acceso al texto del fallo del juez neoyorquino Harold Baer, a favor de la provincia de Mendoza y en contra del fondo buitre Greylocke Capital, de Hans Humes.
La Justicia de Estados Unidos se pronunció contra un fondo buitre y a favor de Mendoza en una causa que tendría implicancias directas en la marcha del canje que está encarando el gobierno nacional. El juez Harold Baer, del distrito sur de Nueva York, falló negativamente ante la demanda del fondo Greylocke Capital, que había presentado un pedido de embargo contra esa provincia por haber modificado de las cláusulas de los bonos que no entraron en la reestructuración de la deuda. La decisión podría desalentar a muchos bonistas que están pensando en iniciar juicio contra la Argentina cuando finalice la oferta, por lo cual podrían terminar aceptando la propuesta nacional hoy en pleno proceso.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La notificación sorprendió a los bonistas que habían encarado la demanda, y que tienen en sus planes hacer lo propio contra el gobierno nacional en breve. A fines del año pasado, Greylocke había conseguido frenar la reestructuración de la deuda encarada por Mendoza, provincia que estuvo defendida por los estudios Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell'Oro Maini en el país. Sin embargo, luego la provincia pudo finalizar la operación, que finalmente obtuvo 64% de aceptación. Pero una importante porción de 36% de los acreedores que quedó afuera continuó con sus presentaciones judiciales en Estados Unidos para recuperar el dinero invertido.
Mendoza mejoró en el medio del proceso las condiciones del canje, ofreciendo pagar parcialmente los intereses vencidos desde el default. El gobernador Cobos reestructuró así el bono Aconcagua, con 11 años más de plazo para pagar y una reducción a la mitad de las tasas de interés anual, aunque sin quita de capital. Pese a las mejoras ofrecidas, muchos bonistas decidieron quedarse afuera del canje y acudir a la Justicia. Según fuentes de la gobernación mendocina, la provincia no tendría intenciones de reabrir la oferta o realizar una nueva. En todo caso, cualquier alternativa de este tipo sería analizada únicamente luego de la finalización del proceso de canje a nivel nacional.
• Caso testigo
La renegociación de Mendoza implicó un verdadero caso testigo para la renegociación nacional, ya que se hizo pocos meses antes de que se lanzara la oferta argentina y varios inversores incluso institucionales coinciden en ambas operaciones. De hecho, se especula con que una de las principales causas que generaron juicios una vez que finalice la reestructuración pasará por las denominadas «exit consents»; es decir, cláusulas de los bonos originales que se cambian para que los títulos que quedan en default pierdan valor (se los quita de cotización en mercados o se cambia la jurisdicción legal de Nueva York a la Argentina).
De todas maneras, aquellos bonistas que no participaron del canje tienen como opción demandar el pago del capital de los títulos viejos que se encuentran en default e intentar ejecutar la sentencia en la provincia de Mendoza, donde se encuentran sus activos. El problema, en este caso, es que litigar en ese territorio con una diferencia de 25 centavos por dólar tiene un costo de 4,5 centavos por cada u$s de tasa de Justicia, además de los honorarios legales en Nueva York, los que en general suelen ser millonarios. Además, si finalmente obtienen una sentencia favorable, si la provincia no puede hacer frente al pago, el mismo se someterá a una ley de consolidación de pasivos y el pago con bonos locales similares a los que ingresaron en default.
Greylocke es un fondo agresivo que invierte en países emergentes y que es manejado por Hans Humes, además copresidente junto a Nicola Stock del Comité Global de Acreedores (GCAB, según las siglas en inglés), la principal organización de bonistas en el exterior que se opone a la negociación de la deuda que encara la Argentina. Uno de los principales argumentos que esgrime el GCAB para que los bonistas no acepten la operación de canje es que estarían cediendo todos sus derechos, incluyendo la posibilidad de litigar ante tribunales internacionales, con el objetivo de recuperar la totalidad de la inversión realizada en bonos argentinos. Incluso, también amenazan con la posibilidad de trabar embargos sobre los futuros pagos que la Argentina realiza a los bonistas que sí aceptaron la reestructuración.
El 1 de abril será el primer pago de intereses de los nuevos bonos, según está previsto en el prospecto de emisión. En la medida que la Justicia se manifieste en contra de los bonistas en este tipo de presentaciones, los inversores tendrán menos interés de quedar fuera del canje para luego litigar, ya que los resultados son inciertos. Además de Baer, el juez neoyorquino que recibió la mayor cantidad de demandas contra la Argentina es Thomas Griesa. Sin embargo, el país no sufrió embargos efectivos ni se consiguió trabar la oferta, que se inició el 14 de enero.
Es un hecho que tampoco los fallos de la Justicia italiana están afectando al gobierno nacional, ya que los magistrados están condenando a los bancos a devolver las sumas invertidas por los inversores minoristas ante los malos consejos otorgados, considerando que la Argentina era un país de alto riesgo en el período anterior a que se declarase el default.
Dejá tu comentario