FMI dejó dura receta para la reforma del sistema financiero

Además de la eliminación de las leyes de Quiebras y de «subversión económica», trascendieron ayer más medidas solicitadas por el FMI. Nación deberá consensuar con cada una de las provincias «minipactos» fiscales. Cada distrito en forma individual deberá comprometer metas de déficit trimestrales. Las provincias no podrán emitir más bonos de ahora en adelante y se rescatarán los emitidos durante 2002. Los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires tendrán auditorías especiales. El Banco Provincia deberá prescindir de status especial y someterse al Banco Central. Los bancos tendrían que emitir bonos propios para pagarles a los ahorristas los depósitos reprogramados. Sería a fin de año.

El Fono Monetario Internacional dejó instrucciones estrictas para reformar el sistema financiero, que incluyen poner bajo estrecho control del Banco Central al Banco Provincia, programa salvatajes de bancos y una opción para devolver el dinero del «corralito» desde el primer día del año que viene.

El FMI aconsejó que los bancos emitan sus propios billetes para que el ahorrista pueda cobrar sus depósitos reprogramados por adelantado. El organismo internacional, inclusive, sugiere que estos billetes «tengan cotización en el mercado secundario», es decir puedan ser vendidos en la Bolsa, para que el público pueda recuperar el efectivo sin esperar hasta 2005.

La propuesta figura en un paper al que tuvo acceso Ambito Financiero, en el que establece las bases del futuro sistema financiero de la Argentina.

En uno de esos puntos, que titulan textualmente «La resolución del 'corralito'», establece una serie de pasos en los que debería avanzar el gobierno para liberar los depósitos, aunque advirtiendo que deben ser muy cautelosos porque «existen riesgos de fuertes presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio».

La propuesta del FMI es que los bancos entreguen «commercial papers», es decir títulos de deuda de corto plazo, representativos de los vencimientos mensuales de los depósitos reprogramados. Estos títulos llevarían el sello de cada entidad y el ahorrista podría venderlos en un mercado líquido.

Obviamente, se plantearía el problema de la solvencia de cada entidad: los papeles correspondientes a instituciones más confiables tendrían mejor cotización que aquellos sospechados.

Este diario pudo confirmar que se trató de una exigencia del FMI también la posibilidad de que los bancos devuelvan los depósitos al público a partir del año próximo: «Más aún -señala el paper- si los bancos lo desean, podrán devolver los certificados en forma temprana, pero no antes del 31 de diciembre de 2002». Inmediatamente después agrega que «los anuncios de esta opción deberían efectuarse antes del 15 de abril».

Además, el Fondo solicitó que se acelere la posibilidad de retirar en efectivo el dinero que los ahorristas tienen en cuentas a la vista. Las cuentas sueldo ya permiten extracción total, mientras que el resto sólo admite un máximo de $ 1.200 por mes.

El informe fue elaborado por el staff técnico del Fondo que está trabajando en la Argentina, y que obviamente recibió el visto bueno del jefe de la misión, Anoop Singh. El funcionario discutió el lunes -recién arribado a Buenos Aires- todos los detalles con el presidente del Banco Central, Mario Blejer.

Las recomendaciones del FMI, que están siendo seguidas al pie de la letra por el Banco Central y el Ministerio de Economía, no sólo tratan del «corralito». También se internan extensamente en la estrategia de reestructuración del sistema financiero. Hay varios puntos clave que provocarán fuertes repercusiones y polémicas en las próximas semanas, a saber:

• Debe crearse la Unidad de Reestructuración de la Banca Argentina (URBA), que funcionaría dentro de la órbita del Banco Central. Esta unidad «será responsable de implementar planes individuales para los bancos identificados como débiles por la Superintendencia de Entidades», señala el FMI.

• Las autoridades deberán establecer procedimientos para tratar los problemas de los bancos débiles. Estos procedimientos deberían enfatizar la importancia de soluciones privadas para el sector financiero, a través de aumentos de capital, fusiones y adquisiciones.

• En junio a más tardar, el Central deberá realizar una reclasificación total de los bancos, a través de una nueva auditoría generalizada. En ese momento los bancos deberán clasificarse en tres tipos: 1) los que están en buenas condiciones, 2) los que requieren un plan de supervisión más intenso y deben presentar un plan de recuperación y 3) entidades que son claramente insolventes y deben ser intervenidas.

• «Cuando los accionistas del banco no estén en condiciones de recapitalizar a la entidad, o si el plan presentado es inaceptable, la Superintendencia deberá intervenirlo». Entre otras cosas, tendrá que remover el directorio, suspender los derechos de sus accionistas, y transferir el banco a la Unidad de Reestructuración de la Banca Argentina (URBA).

• Si no se consigue vender a un tercero el banco intervenido, la URBA podrá tomar alguno de los siguientes pasos: transferir activos y pasivos (excepto los depósitos reprogramados) a un fideicomiso, que será manejado por un privado. Y los certificados reprogramados serán transferidos a un banco sano a través de un acuerdo con el Banco Central. Para esto, el gobierno debería recapitalizar al BCRA para darle más recursos y permitirle asumir el costo de la crisis bancaria.

• Los bancos públicos corren por carriles separados al sector privado. Las autoridades del BCRA deberán en forma inmediata controlar el estado de situación financiera de las entidades públicas.

• El «due dilligence», es decir la revisión, del Banco de la Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires y otros deberá ser más extensa que la habitual auditoría. Sobre todo, tendrá que efectuarse una valuación realista de los activos.

• El Banco Provincia deberá ser puesto bajo la jurisdicción del Central. «Los acuerdos voluntarios de la entidad con el Central no son suficientes para salvaguardar al sistema financiero», aseguró el Fondo. Se exige que los bancos públicos, en particular el Provincia, se sometan a las mismas reglas de juego que el resto del sistema.